Cofiño reconoce que el traslado de funcionarios puede afectar a la gestión de los fondos de la UE

La Administración regional está a punto de vivir una auténtica 'mudanza' de altos funcionarios. El próximo 1 de abril deberá estar concluido el proceso que lleva coleando desde hace años para reorganizar a más de mil personas, entre jefes de servicio, jefes de sección, interventores y asesores jurídicos, afectadas por el concurso de traslados y méritos que se puso en marcha en los últimos meses de la anterior legislatura. Un proceso «complicado» que, en la práctica, implica el mayor intercambio de altos funcionarios en la Administración pública asturiana y que, por lo tanto, podría desestabilizar durante un tiempo el funcionamiento de la misma.

El problema, tal y como puso ayer sobre la mesa el grupo parlamentario de Ciudadanos, es que nos encontramos en un momento «clave» de la legislatura porque coincide con la llegada de una importante inyección económica por parte de la Unión Europea; unos fondos comunitarios que buscan reactivar la economía tras la pandemia y cuya tramitación y gestión requiere de máxima diligencia. El propio consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, reconoció -en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Fanjul en el marco de una comisión parlamentaria- que se trata de una de las cuestiones que «más preocupa» a su departamento, pero aseguró que se está trabajando desde hace tiempo para «minimizar» todo lo posible el impacto de este traslado masivo. No solo en la gestión de estos fondos, sino también en la actividad ordinaria de la Administración regional.

Aún así, el también vicepresidente del Principado asumió que en este tipo de procesos, en los que se mueve a tal cantidad de personal de un puesto a otro, siempre hay un grado de «afectación», por lo que apeló a la profesionalidad de los funcionarios públicos para reducir al máximo el impacto. «No hay día que no tengamos reunión para mitigar los efectos», anotó Cofiño, quien indicó además que este traslado, ya de por sí bastante complejo, caminará en paralelo al proceso de estabilización de interinos que se prevé poner en marcha, por imperativo legal, en los próximos meses.

Ante las críticas por parte del diputado de Ciudadanos por el retraso que acumula este traslado de puestos de trabajo, Cofiño comentó que se ha elegido precisamente este periodo del año para reducir al máximo el impacto, puesto que se acaba de cerrar el presupuesto del año pasado y aún no está activo el del ejercicio en curso. «Hay un periodo que, entre comillas, es más fácil para hacer esta operación y es el que hemos elegido. Creo que es lo correcto. Es un asunto complejo y difícil, pero espero que no perturbe demasiado la gestión ordinaria de las cosas, especialmente en un año complicado como es el de la gestión de los fondos europeos», manifestó.

Después de 17 años sin organizar un concurso de traslados y méritos, la cantidad de plazas sin titular asignado se había acumulado. El proceso ofertó 1.007 destinos singularizados que, antes del 1 de abril, deberán ser ocupados por quien presente mejor currículum. Se trata de puestos de trabajo «claves» y «especialmente sensibles» en el organigrama, tal y como subrayó Fanjul, puesto que atañen a jefes de servicio, sección, interventores y asesores jurídicos que, argumenta el diputado de la formación naranja, requerirán de un plazo de adaptación para ponerse al día y dominar cada uno de sus nuevos cometidos. «Nos va a pillar el toro con los fondos europeos por la dejación de funciones que ha habido por parte del Gobierno regional en este proceso», denunció.

Por otro lado, y en respuesta a una pregunta formulada por Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, Cofiño quiso dejar claro que la reforma a la que el Gobierno socialista pretende someter la Administración autonómica persigue contener el coste en personal, «que empieza a ser un problema», pero no a costa de reducir los servicios. «Tenemos una población envejecida, por lo que en nuestro modelo de Gobierno los gastos de salud y de cuidados de la tercera edad se disparan. Ustedes igual tienen otro modelo, pero nosotros no», apostilló Cofiño. El objetivo de la reforma, insistió, es hacer la administración «más efectiva y sostenible para que no se desborde el gasto», pero «sin renunciar a atender bien esos servicios públicos». Ante la insistencia del grupo parlamentario del PP en su ofensiva al Gobierno socialista por «ocultar» el informe sobre la oficialidad del asturiano, Cofiño insistió en sus argumentos. «Nadie ha mentido ni escondido ningún informe. Si alguien no lo ha visto es porque no ha querido. Esto no da para más», resolvió.

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