Identifican a cinco niñas por la brutal paliza a una menor de El Entrego

Cinco menores, cuatro de trece años y otra de quince, han sido identificadas como presuntas autoras de la agresión a una menor, a mediados del pasado mes, en El Entrego. Todas ellas carecen de antecedentes. La Fiscalía del Principado ha informado de que la Sección de Menores tiene abiertas diligencias preliminares para recabar información acerca de los hechos supuestamente sucedidos, así como la entidad de los mismos, y recuerda que las jóvenes identificadas «son inimputables» de acuerdo con la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Además, ha solicitado al centro escolar en el que estudian un informe sobre los hechos y, en su caso, las medidas adoptadas al respecto.

Desde la Consejería de Educación se señaló que el centro educativo siguió el procedimiento establecido y abrió el protocolo de acoso escolar a raíz de la denuncia presentada por la familia «tras una agresión ocurrida fuera del colegio», incidió de nuevo. El centro concertado de El Entrego donde cursa segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la niña de trece años que sufrió la grave agresión grupal, «realizó la preceptiva investigación y se lo comunicó al Servicio de Inspección con la intención inicial de desestimar el caso, es decir, cerrarlo». El Servicio de Inspección analizó la documentación y le requirió que ampliara la investigación. Al mismo tiempo, le instó a que adoptara medidas de vigilancia y acompañamiento y también pedagógicas mientras se llegaba a una conclusión. El Servicio de Inspección también recibió a la familia y le trasladó toda esta información. «En estos momentos, el protocolo continúa abierto», se señaló desde la consejería.

La niña tampoco acudió ayer al centro educativo, aseguraba su madre, Aroa Álvarez Díaz, alegando el miedo que padece ante las constantes amenazas de las presuntas agresoras. «Desde el centro se nos ha llamado para buscar una solución, por eso vamos a mantener un encuentro este lunes». Será a partir de entonces cuando la familia determine una decisión final sobre el futuro escolar de la niña. «Va a salir de este colegio para el próximo curso, pero también sabemos que es contraproducente para ella sacarla ahora con lo que resta de periodo lectivo».

La voz de alarma la daba la madre de la niña a través de las páginas de EL COMERCIO. Asegura que desde febrero sufre el hostigamiento de, al menos, tres compañeras. Se interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que remitió las diligencias a la Fiscalía de Menores el pasado mes. La niña tiene risa nerviosa y eso es, al parecer, lo que genera el malestar tanto con las presuntas agresoras como en el propio centro. «Nos hicieron firmar una especie de contrato de conducta por el que si se ríe la pueden expulsar una semana; la castigan a ella porque la consideran parte del problema».

Aroa dice sentir «indignación» cuando escucha a los políticos que hay que salir a denunciar este tipo de actitudes y que se va a actuar con contundencia. El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, hacía un llamamiento a la comunidad educativa, tras el reciente suicidio de una joven de veinte años en Gijón que denunció en una carta haber sufrido acoso escolar: «Ante la mínima sospecha de acoso escolar, no callen, no miren a otro lado».

Por otro lado, el equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio «quiere trasladar toda su solidaridad» con la joven estudiante del concejo cuya familia ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por la presunta agresión que ha sufrido a manos de otras estudiantes menores de edad. «Queremos manifestar nuestra repulsa y condena ante cualquier episodio de violencia física o psíquica que pueda causarse a una persona en cualquier ámbito de nuestra sociedad y defender el respeto a la dignidad e integridad de las personas, así como el derecho a una convivencia pacífica entre la ciudadanía».

Además, se reclama que con carácter general «se dote de más medios y recursos a los centros educativos para que, de acuerdo a los protocolos ya establecidos y con los que cuentan, puedan prevenir o resolver con mayores garantías los presuntos casos de agresión o acoso escolar que se puedan producir».

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