Trabajadores del Batán piden apoyo a los grupos de la Junta para que Hunosa les incorpore

Los representantes del comité de empresa del lavadero de Batán reclaman al Gobierno del Principado que exija a Hunosa la reincorporación inmediata de los trabajadores, después de que el informe de la Inspección de Trabajo reconociese que existió una cesión ilegal a IMSA, ahora Sacyr, durante varios años. Los representantes de la plantilla así como de CC OO Industria de Asturias y UGT-FICA, buscaron apoyo ayer en los grupos de la Junta.

Izquierda Unida presentará una proposición no de ley para que el consejero de Industria, Enrique Fernández, explique qué tiene pensado hacer su departamento para garantizar los derechos de los trabajadores del Batán, de Hunosa. La portavoz de la formación, Ángela Vallina, reprocha que el departamento Enrique Fernández no haya aclarado sus intenciones y eso a pesar de que desde el 29 de junio tiene un informe de Inspección de Trabajo que da la razón a los trabajadores. «Inspección de Trabajo depende de ellos y lo que no es normal es que el consejero no haya dicho ni media palabra».

Para Vallina no es aceptable «conducir a 45 trabajadores de juzgado en juzgado para al final desgastarlos y llegar, seguramente, a la misma conclusión que la inspección».

El diputado de Podemos Daniel Ripa también recibió a esta representación de trabajadores a quienes mostró su apoyo. «Se tiene que cumplir la legalidad y reconocer a estos trabajadores», enfatizó.

El problema, según el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, Manuel Pérez Uría, es la cesión ilegal de estos trabajadores a una tercera empresa ajena a la compañía pública que, ahora, «trata de eludir su responsabilidad». Hay un informe de Inspección de Trabajo que, enfatizó, «no deja ninguna duda respecto al prestamismo laboral que se venía haciendo con estos trabajadores. Es decir, lo deja nítido».

El secretario de Política Sindical de UGT-FICA, Javier Campa, lamentó tener que estar en la defensa de estos empleados por la negativa de Hunosa a asumir un informe de la Inspección de Trabajo demoledor».