Las defensas del 'caso Ardines' insisten en pedir la nulidad de las escuchas y declaraciones de los acusados

Las defensas del 'caso Ardines' siguen firmes en su estrategia de conseguir la nulidad de las escuchas telefónicas y las declaraciones de los acusados. Así quedó demostrado este jueves en el transcurso de la vista del recurso de apelación presentado por los letrados de los presuntos autores del asesinato del concejal llanisco contra el auto por el que la Audiencia Provincial desestimaba las cuestiones previas planteadas por los propios letrados y que, como ahora, se centraban en pedir la nulidad de una serie de autos que consideran «contrarios a derecho». La vista tuvo lugar ante los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y contó con la presencia, por vía telemática y pese a los permanentes problemas de conexión, de los cuatro acusados: Pedro Nieva, considerado inductor del crimen; Jesús Muguruza, presunto intermediario, y Djillali Benatia y Maamar Kelli, supuestos autores materiales.

En primer lugar tomó la palabra Javier Beramendi, abogado de Nieva, quien solicitó la nulidad de más de una veintena de autos dictados por la jueza de instrucción de Llanes autorizando, entre otras cosas, la intervención de los teléfonos móviles de su defendido y su entorno familiar, así como la instalación de balizas y micrófonos en sus vehículos. Todo esto, afeó el letrado, basado únicamente en «la sospecha de una posible infidelidad» y en la grabación que Nieva envió a la familia de Ardines, en la que una conversación entre el concejal y Katia Blanco, esposa del acusado, da a entender la existencia de una relación sentimental entre ambos. En este sentido, Beramendi criticó también que los investigadores de la Guardia Civil no siguieran, a su parecer, otras líneas como las enemistades con vecinos y empleados municipales que el cargo de concejal le granjeó a Javier Ardines, así como otras infidelidades.

Luis Mendiguren, quien ejerce la defensa de Muguruza, hizo especial hincapié en la declaración que su cliente prestó en el cuartel de la Guardia Civil de Bilbao en calidad de testigo. «Casi un mes antes ya hay un auto del que se extrae que ya estaba siendo investigado y se permite la intervención de su teléfono, pero aún así se le toma testimonio como testigo durante siete horas», afeó el letrado. E indicó cómo durante dicha declaración su defendido llegó a autoinculparse «sin que los agentes lo detuviesen y modificasen su estatus al de investigado y, por tanto, vulnerando su derecho a asistencia letrada». A este respecto, Fernando Barutell, el abogado de uno de los presuntos sicarios, llegó a aseverar durante su turno de palabra que dicha declaración «hace daño a la vista».

Otro de los puntos fundamentales en los que se centra la estrategia de las defensas es en tumbar los autos de incomunicación dictados por la jueza el 18 de febrero de 2019, apenas unas horas antes de que Nieva, Muguruza y Benatia fuesen detenidos. Aquí los letrados trataron de convencer a la sala de que dichos autos no estaban suficientemente motivados por no existir la sospecha de que se tratase de un grupo criminal, de que pudiese haber más implicados o destrucción de pruebas, ya que el cuarto investigado, Kelli, se encontraba en ese momento preso en una cárcel Suiza. Como consecuencia de esta incomunicación, aseveró el letrado de Djillali Benatia, Adrián Fernández, los detenidos «no tuvieron información ni pudieron ser asesorados por un letrado» y, finalmente su defendido llegó a declarar y confesar tanto en sede policial como judicial ante «las presiones o consejos, como se quiera llamar, de los investigadores, quienes le aseguraron que tenían numerosas pruebas contra él y e iba a ser mejor que contase su versión de los hechos».

Por todo esto, los cuatro abogados interesaron la nulidad de los autos que permitieron las intervenciones de teléfonos y vehículos, así como la incomunicación de los acusados y también de la declaración prestada en diciembre de 2018 por Muguruza.

Por su parte, la fiscal Belén Rico y el abogado de la familia de Ardines, Raúl Martínez Turrado, trataron de desmontar uno a uno los argumentos de las defensas. Así, aseveraron que los autos de incomunicación cumplen con todos los parámetros de la ley y apuntaron a la gravedad de un delito que «se cometió de forma organizas por dos o más personas». Así, recalcaron que «existen indicios fehacientes» contra los arrestados y que era necesario «averiguar la participación de cada uno» en los hechos y, al mismo tiempo, evitar que pudieran «urdir una trama que entorpeciera la investigación». Del mismo modo, rechazaron que tanto Benatia como Muguruza hubiesen declarado bajo presión y recordaron que no fue hasta el trámite de cuestiones previas cuando aparecieron por primera vez estos argumentos, manteniendo los abogados silencio hasta entonces. Por último, fiscal y letrado respaldaron también las escuchas y demás intervenciones recordando cómo «el procedimiento que se sigue en las investigaciones policiales es ir confirmando y descartando sospechas». Por todo ello, su petición a la sala presidida por Jesús Chamorro y compuesta por Ignacio Vidau y José Ignacio Pérez Villamil fue la de desestimar los recursos presentados por las defensas.