Deudas de cinco euros o las fotos de un hijo retrasan los juzgados
La facilidad para ir a juicio provoca que en Asturias se llegue a pleitear para prohibir a la hija depilarse o fijar las condiciones de la primera comunión
España invierte cada año 92,6 euros por habitante en sostener un sistema judicial. El ciudadano se paga el abogado (si es el caso) y ... el procurador, pero está exento de abonar tasa alguna por acceder a un servicio que moviliza a distintos profesionales (funcionarios, fiscales, jueces) para resolver el conflicto. Eso abre la puerta a un cierto abuso del que se hizo eco Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el lunes, en los cursos de La Granda. El pasado año hubo cerca de 150.000 pleitos en la región, lo que supone que unos 300.000 ciudadanos pasaron por los juzgados, es decir, casi uno de cada tres habitantes.
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«Eso no hay presupuesto que lo resista», advirtió. Más si parte de esa carga de trabajo incluye pleitos excesivos. Chamorro puso como ejemplo la reclamación de un padre contra las notas de su hijo, asunto que obligó a que tres magistrados revisaran el expediente. También aludió a la denuncia por la muerte de un gato semanas después de su compra.
«Hay ejemplos así todos los días, lo malo es que son un derroche de medios públicos que quitan tiempo para resolver temas que sí son importantes», refrenda una magistrada. En temas de familia, «la pareja se separa y recurren al juzgado para todo. Son pleitos viscerales porque, por ejemplo, la niña se quiere depilar, la madre no está de acuerdo y el padre sí quiere permitirlo», explican. «También hemos visto casos en los que un progenitor quiere impedir al otro que publique fotos del hijo en las redes sociales o por cómo quiere cada uno que sea la primera comunión», recuerda.
Chamorro apuntó a a los derechos de los consumidores como otra fuente de litigiosidad. «En el mercantil se ven casos muy claros, en el que compañías de avión saben que tienen que indemnizar los daños y perjuicios por un retraso, pero obligan al ciudadano a pleitear. O con las cláusulas suelo también hemos tenido eso, asuntos que generan masas de pleitos en los que los bancos ya sabían de antemano que tenían perdido el tema, pero parece que buscaban retrasar el pago», reflexiona otro magistrado.
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«Hay reclamaciones ridículas y antiproductivas, he llegado a tener dos aseguradoras pleiteando por los cinco euros que se debían una a la otra por la reparación de una vivienda», recuerda Julio Martínez Zahonero, portavoz de Jueces para la Democracia. «Tienen tarifa plana de abogados y por eso pleitean».
Esas promociones que ofrecen los bufetes de abogados explican también la abundancia de recursos «por multas de tráfico; te prometen que las quitan o las rebajan, y ves entonces pleitos por una multa en Luarca que obliga a desplazarse desde Oviedo solo para ratificar lo que dice tu escrito, algo ruinoso al precio al que está la gasolina», expone una magistrada de la región. «Pierdes una hora en ir para un trámite de unos minutos, por eso el presidente del TSJA está peleando por que termine de implantarse la justicia digital y evitar esos derroches».
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Puestos a buscar las causas de esta litigiosidad, hay jueces que apuntan a que Asturias es de las comunidades con mayor proporción de abogados. Otros, como Martínez Zahonero, remiten a cuestiones culturales: «Cuando vas a Francia o a Inglaterra te das cuenta de que allí no todo acaba en pleito, hay sistemas de mediación y predisposición a llegar a acuerdos, mientras que quizás por la cultura latina, somos más de litigar hasta el final».
Martínez Zahonero añade como factor la gratuidad del sistema nacional: «En otros sitios existe justicia gratuita, pero más restringida; el caso extremo lo tienes en Inglaterra, donde la justicia civil está casi reservada para privilegiados».
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