Los empleados del Principado que resulten poco productivos serán 'castigados' con un cursillo

La Junta General aprobó el miércoles una Ley de Empleo Público que afectará a todos los trabajadores del sector público autonómico y que «se parece como un huevo a una castaña» al borrador negociado con los sindicatos, según se duelen estos.

A propuesta de Cs, y con el apoyo de los socialistas e IU, se endurecieron las consecuencias de la evaluación del desempeño. Examinar el rendimiento de los empleados públicos es una de las medidas estrella perseguidas por el vicepresidente Juan Cofiño, si bien su planteamiento lo dejó deliberadamente abierto para dar margen a la negociación.

La versión final establece que un primer suspenso en esta evaluación «dará lugar a la participación en un proyecto de formación y mejora de los conocimientos y competencias profesionales de la persona afectada en relación con el puesto de trabajo ocupado».

Se mantiene en el texto definitivo que la acumulación de dos resultados negativos consecutivos en esta evaluación «se considerará rendimiento inadecuado y/o insuficiente a efectos de la remoción», esto es, la pérdida de adscripción al puesto de trabajo. Entre las novedades introducidas en la Cámara está que ese segundo suspenso conlleve además que en el siguiente procedimiento de provisión de puestos no se reconozca como mérito el tiempo de antigüedad en el que se ha detectado ese bajo rendimiento.

Los diputados dejan a un futuro reglamento que se defina lo que ocurre con quien suspende la evaluación tres o más veces. También dejan abierta la puerta a que vía reglamento «pueda establecerse la participación de órganos especializados dotados de autonomía funcional» en los exámenes del rendimiento. Se trata de un articulado que permitiría, por ejemplo, que la evaluación fuera de tipo mixto, esto es, que contara la nota que da el superior jerárquico, pero también la supervisión que realice la Inspección General de Servicio.

De ese futuro examen la ley fija sus bases. Se medirá «el grado de cumplimento de los objetivos y deberes profesionales que esta ley impone», además del «grado de interés, iniciativa y esfuerzo con los que los empleados públicos realicen su trabajo». Estas mediciones serán «individualizadas», establece la ley. El procedimiento concreto para dar forma a estos exámenes lo desarrollará también un reglamento. La cuantía de los pluses por productividad dependerá del presupuesto de cada año y cuánto se decide dejar para estos estímulos.

La ley da dos años de margen al Gobierno regional para sacar adelante todos los reglamentos de la norma. También, a propuesta de Cs, se anticipa que el Principado premiará a los empleados públicos dispuestos a trabajar en zonas despobladas, Se creará un programa de becas para ayudar a quien quiera opositar, «priorizando a los jóvenes y a quienes se encuentren en situación de violencia de género o violencia sexual, o hayan estado tutelados por una entidad pública».

Otra novedad, introducida por IU y el Grupo socialista, impone facilitar la incorporación al empleo público de los deportistas que tengan reconocido su alto nivel. El régimen disciplinario también ha sido objeto de ampliación. Se considera falta muy grave no cumplir con un servicio mínimo en caso de huelga o «el incumplimiento injustificado, total o parcial, de la jornada de trabajo», entendiendo como parcial faltar más de diez horas al mes «o un porcentaje equivalente». Entre las sanciones previstas a las faltas muy graves está el despido, la separación del servicio, la suspensión de empleo y sueldo entre dos y cuatro años, entre otras.

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