El Gobierno estudia si puede revocar la ayuda que concedió al dueño de la mina de Cerredo

En mayo, tras la explosión de grisú que mató a cinco trabajadores y dejó heridos a cuatro, la ministra Sara Aagesen, declaró sobre esas ayudas: «La empresa no ha recibido ni un euro». Está por ver que lo haga finalmente.

Según confirman fuentes del ministerio, a raíz del accidente el ITJ «ha iniciado un procedimiento de actuaciones previas, pertinentes en virtud del artículo 55.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». El artículo aludido precisa que antes dedar determinados pasos la administración puede iniciar unas pesquisas «con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto». Aquí el objetivo es «determinar si las actividades que allí se desarrollaban se adecuaban al objeto de las ayudas concedidas y, en su caso, pudieran ser contrarias a alguna de las prohibiciones recogidas en sus bases reguladoras, reservándose, en ese caso, las acciones legales pertinentes, como su revocación», especifican en el ministerio.

Toca ahora al ITJ analizar esos datos y contrastarlo con su normativa. Uno de los requisitos de las ayudas es que a los nueve meses de la concesión todos los proyectos debían tener avanzando al menos un 15% de la parte de obra subvencionable.