Blue Solving tampoco sacó el permiso para las naves que le subvenciona el ministerio

Tal y como avanzó EL COMERCIO, en mayo de 2022 Combayl, que ya llevaba meses sacando maquinaria y acopios de carbón de la zona, solicitó al Ayuntamiento de Degaña la licencia de actividad. El técnico municipal que revisó los seis folios presentados concluyó que adolecían de «los detalles técnicos que son exigibles, como las características de la actividad, posible repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas correctores que habrán de utilizarse». En lugar de presentar la documentación como se le pedía, Combayl optó por no hacerlo y seguir como estaba, esto es, trabajando sin la licencia de actividad municipal que la ley exige a cualquier establecimiento. No consta que el Ayuntamiento sancionara a la mercantil.

Suma y sigue. Dos días después del accidente el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, requirió al Principado que le aclarara la «situación administrativa» del lugar. La respuesta que emite el Servicio de Minas, el 26 de junio, recuerda que el propio ITJ concedió hace ahora un año a Blue Solving una subvención que 927.668 euros; ese dinero debía cubrir el 25% de los costes de una planta de «valorización de subproductos y escombros de construcción». El mismo ente también aprobó otros 619.732 euros de ayuda, con los que se compensaría el 19% de la inversión que Combayl se proponía hacer en una «planta de fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial».

Ambas instalaciones se ubicaban aprovechando naves exteriores de la mina y la de briquetas está muy avanzada. El informe de Minas subraya al ITJ que a estas alturas «ni Combayl, ni Blue Solving han presentado, a la fecha del presente informe, ninguna solicitud de aprobación de los preceptivos proyectos de ejecución». La Ley de Minas establece que ese permiso había que solicitarlo «previamente» a instalarse; el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera especifica que toda nueva instalación o modificación de la que ya exista «necesitará la aprobación de los proyectos correspondientes». Es decir, en esto también, Combayl avanzaba sin tramitar los permisos pertinentes.

Respecto a la actividad subterránea, el informe del Servicio de Minas reconoce que en julio de 2024 aprobó un proyecto de investigación complementaria (PIC) para acceder a una zona no explotada del piso primero; de esa capa se permitía sacar 60.000 toneladas para hacer con ellas una «prueba industrial» en las naves subvencionadas por el ITJ. La consejería sin embargo especifica que «tal proyecto de investigación complementaria nunca ha dado comienzo, habida cuenta de que antes del inicio de los trabajos es preceptiva la aprobación del Plan de Labores, algo que Blue Solving no presentó».

Lo cierto es que, según han transmitido los supervivientes de la tragedia, sin tener el PIC activado, en el piso primero ya se habían hecho trabajos de recuperación y acondicionamiento como los que prescribía ese PIC inactivo a ojos de la consejería.

El informe lo omite pero hay otro aspecto de la «situación administrativa» de la mina relevante. En noviembre de 2023 la consejería exigió a Blue Solving que depositara una garantía de 3,1 millones. El motivo es que el Principado, con dinero de la UE, está rehabilitando las 660 hectáreas del Grupo Cerredo, esto es, la mina y la zona exterior. El proyecto se diseñó y adjudicó antes de que la familia de 'Chus Mirantes' se hiciera con los derechos mineros y planteara tener actividad en esa zona. Dado que los empresarios querían preservar esas dos naves para la actividad financiada por el ITJ y trabajar en el piso primero, la consejería exigía 3,1 millones con los que, el día de mañana, asegurar la rehabilitación de esas zonas.

La empresa nunca depositó la fianza, por lo que, formalmente, ahora mismo el Principado avanza una recuperación ambiental que incluye demoler y reverdecer la zona de las naves exteriores. En el informe que hace unas semanas emitió Minas señala que la explosión mortal de marzo fue fruto de «la extracción clandestina de carbón», «sin circuito de ventilación». «En esta situación se puede entender que la actividad en el Grupo Cerredo quedará definitivamente limitada a la ejecución del proyecto de rehabilitación en curso», avanza.

Es decir, el Principado da por hecho que la familia de 'Chus Mirantes' no volverá a trabajar en Cerredo, y que las naves que había empezado a modernizar, acabarán desmontadas y sepultadas. Cabe recordar que la restauración ambiental cuesta 27 millones, el 87% de los cuales llegan por el Plan de Recuperación, lo que exige que la obra acabe antes de un año. Es decir, a la consejería le apremia avanzar para no perder la financiación, pero los derechos de propiedad de Combayl y Blue Solving y la orden judicial que impide actuar en el escenario de la tragedia van a condicionar el resultado final.