El Gobierno central quiere triplicar en 2021 el coste de echar la bolsa negra al basurero

El proyecto de Presupuestos del Estado para 2021 incluye ya la previsión de recaudar 861 millones con el nuevo impuesto. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sacar a consulta pública su borrador. La idea es penalizar con 20 euros cada tonelada de desperdicio no peligroso que las industrias depositen en vertedero, cuota que sube hasta los 40 en el caso de residuos de origen urbano y comercial.

Ante esas cuantías, la consejería asegura haber «trasladado nuestro parecer al ministerio, por las consecuencias negativas que podría tener sobre la economía asturiana, de marcado carácter industrial, y presentaremos las alegaciones pertinentes una vez haya un trámite que lo permita».

Ahora mismo acaban en el vertedero central de Cogersa todas las bolsas negras, es decir, aquellas en las que los asturianos ponen los desperdicios mezclados y que no dejan en los contenedores azul, verde, amarillo y marrón. Por recibirlas y enterrarlas el consorcio cobra 21 euros a los ayuntamientos, administraciones que después repercuten la cuantía al ciudadano. Añadir los 40 euros que propone el ministerio supone en la práctica triplicaría lo que ahora está costando enterrar esas bolsas de basura.

En su última memoria anual, la de 2019, Cogersa cifraba en 371.569 toneladas el peso que al cabo del año tenían esas bolsas negras (también denominadas 'fracción resto'). El impuesto medioambiental que ultima el Gobierno central penaliza con 40 euros cada una de esas toneladas, lo que supondría una recaudación de 14,8 millones que primero abonarían los ayuntamientos y después pasarían al ciudadano. La carga sería por tanto de unos 14,5 euros por asturiano.

La consecuencia no es mejor para la industria. Las autorizaciones ambientales integradas que existen para los vertederos de titularidad privada permiten depositar en ellos un máximo de 3,5 millones de toneladas al año. Es decir si las factorías, centrales y minas se ponen a pleno rendimiento, las empresas asturianas se verían en la obligación de pagar 70,6 millones ese curso.

El asunto es delicado para ArcelorMittal y Azsa. La primera tiene autorización para dejar en sus vertederos de Gijón y Avilés hasta 754.000 toneladas anuales. La segunda anda en 563.000 en El Estrellín. De aprovechar toda esa capacidad que el Principado les concedió, el impuesto les ocasionaría con una factura de 15 y de 11,2 millones. Fuentes del sector conocedoras de los ritmos de producción actual rebajan la estimación a 13 y nueve millones respectivamente.

Desde la consejería que lidera el vicepresidente Juan Cofiño sostienen que en el Principado «apostamos claramente por la reducción y el reciclaje de residuos, tanto en lo referente a los domésticos (municipales) como a los industriales, pero sin poner en riesgo la actividad industrial». Medio Ambiente considera «necesario replantear este impuesto».

El borrador del ministerio insiste en que el impuesto «es crucial, no solo para garantizar el cumplimiento de la normativa europea» sino también para «el fortalecimiento económico asociado al reciclaje con la creación de empleo que eso conlleva».

La recaudación, aclara, se asignará a las comunidades autónomas, a las que da libertad para incrementar el propio impuesto. De no conseguir frenarlo, la consejería apuesta por utilizar el dinero en «un fondo para ayudas a las empresas que se vean afectadas por el propio establecimiento del impuesto» además de la restauración de vertederos ilegales y suelos contaminados.