Investigan sobrepagos de 24.000 euros a una empresa encargada de editar el BOPA

El Gobierno del Principado ha denunciado por la vía penal y administrativa, así como ante el Tribunal de Cuentas los presuntos pagos de más realizados a la empresa encargada de preparar y editar el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) que, según el informe provisional del órgano fiscalizador, pudieron ascender a 24.236 euros entre los años 2015 y 2017.

La investigación y sucesivas denuncias se llevaron a cabo a raíz de una inspección instada hace dos años por la actual consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, durante su etapa como directora general de Participación Ciudadana a la que el Tribunal de Cuentas, en función del cargo que ostentaba entonces, achaca responsabilidades administrativas o económicas, al igual que a otros cinco funcionarios de la Consejería de Presidencia.

Álvarez denunció en 2018 que se estaban llevando a cabo pagos demasiado elevados a la empresa que entonces tenía la responsabilidad de editar y preparar el BOPA, lo que propició una investigación que derivó, por un lado, en una denuncia penal en la que el Principado se ha personado como perjudicado, y en una comunicación al Tribunal de Cuentas para que investigase los hechos y comprobase si había alguna responsabilidad contable.

Al parecer, la empresa facturaba a la administración regional por páginas publicadas y no por el número de caracteres de cada ellas, tal y como establecía el pliego de condiciones, lo que suponía un aumento del precio a pagar por parte de las arcas regionales.

La Inspección General de Servicios, según informa el Principado, comprobó que dicha empresa había facturado de esa forma, entre 2010-2012 y, posteriormente, entre los años 2015 y 2017 por lo que, tanto ante Fiscalía como ante el Tribunal de Cuentas, presentó sendas denuncias contra el jefe de sección, responsable de comprobar la corrección de las facturas.

Asimismo inició un proceso administrativo contra la empresa, a la que no ha liquidado ni completado todos los pagos y a la que ha requerido que pague las cantidades que considera que cobró de más entre 2015 y 2017, aunque este procedimiento de reintegro está suspendido a la espera de que se resuelva la denuncia que tramita un juzgado de Oviedo.

Tras hacerse pública la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de septiembre, la actual consejera de Derechos ha anunciado que la recurrirá y que para hacerlo deberá depositar una fianza de 23.000 euros.

Según el Principado, aunque un auto inicial del Tribunal de Cuentas ordenaba que la actuaciones se centrasen en los pagos llevados a cabo entre 2010 y 2012, la delegada instructora del caso procedió a cuantificar el quebranto económico causado a las arcas del Principado entre 2015 y 2017 y a determinar a los presuntos responsables del mismo, entre los que incluye a Melania Álvarez, aunque, al ser una medida cautelar, no implica responsabilidad contable ni juzga los hechos.

El Gobierno del Principado ha respaldado en un comunicado la actitud de la consejera, y especialmente, su decisión de denunciar los hechos, «aunque se refirieran a momentos en los que ella tenía responsabilidades de gestión».

«Tal conducta es una prueba de compromiso y determinación con la mejora del servicio público», añade el comunicado, que aclara que no se ha procedido a incoar procedimiento disciplinario alguno contra los otros cinco funcionarios afectados dado el carácter provisional e indiciario que tiene la liquidación realizada por el Tribunal de Cuentas.