La juez archiva el 'caso Gitpa' y deja en cuestión a la comisión de investigación

El origen de la controversia está en la troncal occidental, obra que el Principado encomendó a la empresa pública Gitpa para extender la fibra óptica. Tras su ejecución, la entonces consejería de Empleo inició los trámites para disolver Gitpa. Como parte de ellos confió a una jefa de servicio y un técnico que revisaran los expedientes. Estos dos trabajadores aseguraron en sus informes que había «graves irregularidades» y que «ha podido producirse un menoscabo o resultado dañoso para los fondos públicos». El entonces gerente del Gitpa, que llegó al cargo con la obra hecha, presentó otro informe explicando la actuación desde el punto de vista legal y técnico, negando delito alguno.

La comisión de investigación parlamentaria terminó por hacer suyos los argumentos de la funcionaria y el técnico e identificó como responsables de las irregularidades a seis cargos políticos y otros seis funcionarios o empleados, instando a sancionar a parte de los mismos. El dictamen da como probado que la obra de la troncal «fue irregular y no se ajustó a lo determinado por el Principado».

La juez en su auto indica que de las diligencias «debe entenderse la no concurrencia de alteración de las condiciones de la encomienda en contra de la administración».

La obra se hizo por terrenos de Feve, algo no especificado en los pliegos pero de lo que eran conocedores los responsables de la consejería «con anterioridad al encargo de gestión a Gitpa». «Respecto al delito de malversación, resulta que Gitpa no facturó al Principado más cantidad del importe total de la encomienda», confirma la juez.