La Junta sopesa que entidades externas chequeen el uso de los fondos de la UE

El de mayor peso político se ha producido en la Junta General. El Ejecutivo autonómico aprobó en agosto el proyecto de ley de medidas administrativas urgentes, texto madurado por el equipo del vicepresidente, Juan Cofiño, precisamente para reducir trámites, facilitar la contratación de refuerzos para la gestión de los fondos comunitarios y las modificaciones presupuestarias que exigirá ese dinero.

La oposición acogió el texto de buen grado, asumiendo que se trata de un asunto que requiere celeridad y facilitando su tramitación presentando solo enmiendas parciales. Entre las 54 registradas, sin embargo, ha destacado un que firma Ciudadanos y que añadiría un capítulo a la ley.

El borrador remitido desde el Principado extiende el uso de la declaración responsable. Esto es, un documento por el cual el promotor asegura que cumple todos los requisitos y asume que el trámite siga y el dinero se le entregue sin verificar la realidad de lo dicho. Eso sí, a posteriori los funcionarios tienen la potestad de analizar la documentación y, en caso de irregularidad, debe devolver los fondos.

La propuesta que trajo Ciudadanos al debate varía el mecanismo. «La declaración responsable es un paso importante pero si no va acompañado de otros, no solucionará por sí mismo el exceso de burocracia de la administración», defendió la portavoz naranja, Susana Fernández. Lo que plantea la formación es acreditar a entidades externas para que asuman las tareas de verificación e inspección de los documentos. Se trata de una misión hasta ahora reservada a los funcionarios que ahora se propone confiar a las Cámaras de Comercio y colegios profesionales, así como a las entidades que el Principado acredite a tal efecto.

Fuentes parlamentarias confirman el grupo socialista se ha posicionado a favor de la enmienda, lo que le da votos suficientes para salir adelante. El movimiento ha causado sorpresa en el resto de formaciones, donde se entiende que un cambio de este alcance debería haber llegado analizado por los técnicos del Principado y que merece ser debatido en una ley aparte si, como faculta el texto, tiene vocación de permanecer más allá de la gestión de los fondos de la UE. Los propios servicios jurídicos de la Junta General han aconsejado hacer precisiones al texto de Ciudadanos para evitar errores de interpretación futuros.

La intención de los grupos era llegar a un acuerdo el viernes pasado y cerrar el proyecto legislativo. Sin embargo, ante las dudas expresadas por los demás el grupo socialista accedió a no aprobar el texto solo con Ciudadanos. Ha sido convocada una nueva sesión, para el final de esta semana, dando así margen a negociar un mayor acuerdo.

El segundo movimiento para agilizar los controles es más técnico y lo ha dado la propia Intervención General. En los últimos días aprobó un régimen de fiscalización previa limitada, presente ya en otras comunidades. Para 31 actos contables -entre los que se encuentran pago de subvenciones, contratación de personal, ejecución de sentencias, etcétera- se ha identificado los aspectos mínimos que se fiscalizarán en cada expediente.

«No implica menos control, sino más eficacia», sostienen desde la Consejería de Hacienda. El chequeo previo así definido permite al expediente seguir su curso sin menoscabo de una revisión posterior más amplia.