La Junta General del Principado de Asturias será el primer parlamento que plantee ir a los tribunales contra el cupo catalán

El lunes pasado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, rechazó el acuerdo «por las formas». «Lo que afecta a todos, debe ser negociado por todos», dijo. Excusó entrar en el fondo del documento de seis páginas justificando que era muy inconcreto. El martes, una vez «reposado» el texto (y dado margen al resto de comunidades y formaciones a emitir su opinión) sí vio oportuno entrar «en el fondo»: «Si vamos a un modelo que prima más la capacidad fiscal de los territorios y no las necesidades de los ciudadanos, se pondría en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar en Asturias».

El jueves Peláez dio un paso más. Después de que las comunidades gobernadas por el PP anunciaran su intención de llevar el asunto al Tribunal Constitucional, al consejero se le preguntó si el Principado valoraba hacer lo propio. «Ante cualquier cosa que sea perjudicial para Asturias, no descartamos ninguna vía para que no se lleve a término», repitió en varias ocasiones.

A partir del viernes esa pasó a ser la consigna. «No descarto ningún escenario para defender los intereses de Asturias», manifestó ya el presidente del Principado, Adrián Barbón, en sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto. Esa misma mañana los socialistas, con el apoyo de IU-Convocatoria y de la diputada Covadonga Tomé, enmendaron la proposición no de ley que habían registrado al objeto de que hoy sea debatida en la Junta General.

La nueva versión añade un punto para que el parlamento inste al Ejecutivo a «rechazar, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras». Además se anima al Principado a «utilizar todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Asturias».

La fórmula sugiere, abre, amaga sin explicitar, pero supone subir la temperatura un grado más. Se pasa de las declaraciones del presidente y el portavoz, a un pronunciamiento que podría ser aprobado por mayoría en la Junta General, toda vez que viene suscrito por los socialistas, IU-Convocatoria y Tomé, bloque que suma 23 de los 45 escaños en liza. El problema es que la ausencia de la diputada Delia Campomanes, de IU, trastoca esa mayoría y ha obligado a negociaciones de última hora.

La resolución es susceptible de salir con más apoyos. Al menos la cuestión era objeto de estudio en PP y Foro. «No hemos decidido todavía el sentido de nuestro voto», expresaba ayer el presidente de la primera formación, Álvaro Queipo, quien emplazaba a la sesión de hoy para darla a conocer. El líder popular recordó que si hoy hay dos plenos extraordinarios para analizar cómo afecta la «financiación singular» a Asturias «es porque el PP lo solicitó, y por tanto, hemos sido nosotros los que quisimos que el Principado tenga voz a través de nuestro parlamento».

En efecto, fueron los populares los que el martes a primera hora forzaron esta convocatoria. Lo hicieron solicitando un pleno con un orden del día que deja un turno para que el presidente del Principado, Adrián Barbón, explique la situación, para que luego lo haga Peláez. El jefe del Ejecutivo, no obstante, hará uso de su prerrogativa presidencial para no atender esa invitación, dejando que sea el portavoz quien defina la posición del Gobierno.

En el primer pleno, el solicitado por el PP y Foro, el debate terminará sometiendo a votación una declaración más contundente contra el pacto fiscal. Las críticas que incluye al Gobierno central hacen poco probable que recabe apoyos socialistas o de IU.

En el segundo pleno, que se celebra a continuación, se analizaría el nuevo texto del bloque de la izquierda, que PP y Foro se inclinan por apoyar al ser el mismo al que ya dieron su voto meses atrás, con el añadido incorporado el viernes. Ambos critican la oportunidad de volver a votarlo, pero no el contenido.

De esta forma los movimientos políticos de la última semana, llenos de aspavientos y codazos entre los partidos, desembocarán en convertir a la Junta General en el primer parlamento que abre la puerta a acudir a los tribunales para frenar la «financiación autonómica».

La semana pasada la asamblea de Castilla-La Mancha analizó el tema, aprobando con los votos socialistas, la abstención del PP y la oposición de Vox una declaración que se limita a pedir que se abra una «negociación multilateral», rechaza planteamientos «que buscan favorecer a los territorios ricos en detrimento del resto», y pide un fondo transitorio para dar más dinero a cuatro comunidades, una de ellas la que lidera Emiliano García-Page.

Por su parte el parlamento de Andalucía tiene previsto analizar la cuestión el miércoles. Las cámaras de La Rioja y Extremadura han celebrado plenos o comisiones de Hacienda desde que se anunció el acuerdo, sin por ello dedicarle un minuto. El resto de parlamentos de comunidades del régimen común no han tenido actividad la semana pasada.