El juez pide que se lleve a efecto el fallo que podría obligar a derribar un chalé

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo ha comunicado al Ayuntamiento de Castrillón que la sentencia que podría obligar al propietario de un chalé de Salinas a derribarlo parcial o totalmente ha adquirido firmeza y le solicita que «a fin de que se lleve a puro y debido efecto lo acordado», adopte «las resoluciones procedentes para su cumplimiento».

La resolución judicial que da pie a la situación anula la licencia municipal concedida al propietario para modificar y ampliar la vivienda y se fundamenta en una norma que limitaba a ocho años a contar tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana el plazo para acometer obras de esta naturaleza. En este caso se ejecutaron una vez superado dicho plazo, posteriormente eliminado por acuerdo plenario.

A lo que obliga el fallo es a restituir el inmueble a su estado anterior, medida que según el propietario, el exguardameta del Sporting Aurelio Rivero, supondría derribarlo en su práctica totalidad. Si finalmente se llegase a este extremo, asegura que las actuales normas urbanísticas le permitirían volver a construir el chalé «incluso con mayor volumetría», afirmación que ha sido ratificada por la alcaldesa, Yasmina Triguero. «Podría volver a construirlo tal y como está ahora», señaló, al tiempo que calificó la sentencia de «desproporcionada y antieconómica».

El PP, por su parte, manifestó que «si es así estaríamos ante un absurdo», y advirtió de que «parece que la misma situación se da en otras viviendas no solo de Castrillón», sin que hasta la fecha se tenga constancia de que se haya iniciado procedimiento alguno contra otros titulares de viviendas que puedan estar en similares circunstancias.

La alcaldesa ha enviado al juez un informe redactado por técnicos municipales que minimiza las obras realizadas en el chalé que, a su juicio, no podrían ser legalizadas y que por tanto habría que derribar. «Son poco significativas», concretó. Lo que queda por conocer es si el juez lo estimará total o parcialmente o si lo rechazará, y también cómo se determinarán sobre plano las obras necesarias para restituir el inmueble, sito en la calle de Alejandro Casona, a su estado anterior, como obliga la sentencia.

Según manifestó a este periódico Rivero, el demandante es su vecino, «Guillermo Estrada, abogado de Oviedo y esposo de María José Margareto García, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, el mismo ante el que tuve que interponer los dos recursos», a la postre rechazados. El exguardameta rojiblanco también ha comunicado al Ayuntamiento, que a fin de cuentas le concedió licencia para realizar las obras ahora anuladas por resolución judicial, que le reclamará daños y perjuicios.