La Justicia falla que el Ayuntamiento debe finalizar la urbanización de Los Balagares

En su sentencia, que podrá ser recurrida por cualquiera de las dos partes durante los siguientes quince días hábiles desde su notificación, el órgano jurídico reconoce la actuación inadecuada del Consistorio en 2005, fecha de inicio de la ejecución del proyecto de Los Balagares. Así, el equipo de gobierno entonces al frente del concejo, el tándem de la Unión Social y Progresista de Corvera y del Partido Popular, no exigió a la promotora, Dolabay Erma, el pago total del aval, y tampoco obligó a la ejecución en una única fase.

Como resultado de las decisiones de entonces, el actual gobierno deberá afrontar la finalización de la urbanización, aunque buena parte de esos trabajos ya han sido realizados. En concreto, se han finalizado aquellos relacionados con el acondicionamiento de la red de saneamiento, y el cierre de un espacio vallado. En el tintero quedaría aún la rehabilitación de un corto tramo de acera, y la construcción de un pequeño aparcamiento.

No obstante, la Justicia no ha dado el visto bueno a la concesión de la licencia de primera ocupación a los propietarios de aquellas viviendas de la segunda fase todavía inconclusas. Dicho permiso no se obtendrá hasta que su construcción finalice, y es muy posible que ahí radique el siguiente foco de enfrentamiento entre las partes. No en vano, será preciso determinar si los costes de esos trabajos sobre los domicilios corresponderán también al Ayuntamiento o, por el contrario, a sus actuales dueños.

A la espera de que, en ausencia de recursos, se solvente ese punto, fuentes de la comunidad de propietarios se confesaron ayer «contentos y satisfechos» con el resultado. Por su parte, el alcalde corverano, Iván Fernández, reconoció que los primeros «están legitimados», y recordó que, ya en 2005, siendo él mismo parte de la oposición, «ya exigimos a la USPC y al PP esas mejoras en el proyecto inicial».

Desde que se interpusiese en 2018, la demanda ha sufrido varias paralizaciones. El noviembre de 2020 fue desestimada, aunque el Tribunal Superior de Justicia la 'revivió' este abril.