«El dinero llega muy tarde y mal»

Manuel Méndez y Maite Martínez no olvidan los días de diciembre de 2015 en los que «el llume» cercó a El Franco y a punto estuvieron de perderlo todo. De hecho, Manuel salió muy mal parado. Fue testigo de cómo ardía por completo su vivienda en Riobón, San Juan de Prendones, y ahora vive en otra de su propiedad en el mismo pueblo que «está sin arreglar». El hermano de Maite, Luis, tuvo que buscar un nuevo empleo para poder sacar a sus tres hijos adelante tras incendiarse el tractor con grúa con el que trabajaba como maderista autónomo.

Con el fin de paliar la situación de las familias afectadas, los franquinos se unieron y recaudaron 34.000 euros en diversos actos solidarios organizados en los meses posteriores a la catástrofe. Para centralizar el proceso, se acordó que fuera el Consistorio el encargado de la gestión de los fondos. Una decisión que, denuncian los damnificados, ha terminado por costarles «más quebraderos de cabeza» y una demora de cuatro años en el reparto de las ayudas. La burocracia ha sido tal que, de los diez solicitantes iniciales, solo cuatro han llegado al final del procedimiento y han podido aportar toda la documentación requerida.

«Ha sido una tortura. Estuvo todo mal parido desde el principio», subraya Martínez. Su hermano recibió el viernes el ingreso de 3.700 euros que le corresponde. Una cantidad que la familia ve «ridícula» si se tiene en cuenta que la maquinaria calcinada estaba valorada en 36.000. Con todo, su queja no viene motivada por ello, si no por la necesidad de tener que invertir para recibir la ayuda y por los cambios que se fueron incorporando a las bases. En un primer momento, cada afectado solo podría recibir un máximo de 1.500 euros, cantidad que se amplió para que no sobrase dinero ante la escasez de solicitudes. «Se avisó de que era un desastre y no nos hicieron caso. A mi otro hermano le quemó la cerca del ganado y ni se presentó para ver si así Luis tenía más posibilidades», explica. Además, dice no entender cómo el dinero se entrega a posteriori, una vez que ya han tenido que adelantar de su bolsillo la cuantía para adquirir un nuevo bien. «Luis tuvo que pedir un crédito. El dinero no solo llega con retraso, llega mal. Podía haber servido ese crédito como justificante».

Manuel Méndez sabe bien el esfuerzo que supone pagar la reforma de la vivienda que perdió y cuyos daños valora en 118.000 euros. Hace una semana inició las primeras actuaciones gracias al importe que percibió en 2017 por la venta de la madera del que fue su hogar. Con una pensión de 742 euros, espera «pronto, si Dios quiere» esa ayuda de 26.000 euros de los fondos vecinales, la de mayor cuantía con diferencia. De momento, ya ha tenido que pagar más de 4.000 euros al Ayuntamiento por el permiso de obras. «Hemos peleado mucho por esto y cuatro años después sigo sin verlas».

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, asegura comprender la protesta de los vecinos y reconoce que ha sido un proceso muy lento, aunque lo achaca a la poca agilidad de la burocracia. «Siempre hemos sido transparentes y todo se ha tramitado de acuerdo con la legalidad y con criterios objetivos», declara. Asimismo, explica que las ayudas «no son indemnizaciones», si no subvenciones. De ahí que haya que justificar, factura mediante, haber realizado una compra. «Para indemnizar están las aseguradoras. Con esta línea de subvenciones se trataba de compensar el reemplazo de los bienes dañados», añade.