La oposición reclama una alternativa nacional para dictaminar restricciones tras el 9 de mayo

El fin del actual estado de alarma, que decaerá el 9 de mayo tras más de seis meses en vigor, inquieta sobremanera a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios, incluidos los propios aliados del Gobierno. La oposición teme que se queden sin instrumentos suficientes para hacer frente al estadio actual de la pandemia y reclaman al presidente «un paraguas jurídico» alternativo para encarar esta nueva etapa. Desde el Ejecutivo se asegura que las regiones podrán tomar medidas restrictivas, incluso cierres perimetrales, si así se decide en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Pero este argumento no convence a Esquerra, Compromís, PDeCAT, EH Bildu o Más País que expresaron ayer su preocupación por el limbo legal en el que quedarán las comunidades y se abrieron a estudiar la alternativa jurídica que plantea el PP. «Estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad», aseveró el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.

El plan de los populares, que pasa por modificar la ley orgánica de medidas especiales en materia sanitaria de 1986 y la de lo contencioso-administrativo, debería solventarse por la vía de urgencia y en lectura única a fin de que pudiera ser aprobado en cuestión de un par de semanas para dar «certidumbre» y «garantías» a las comunidades y que éstas no dependan de lo que digan los tribunales.

El Gobierno, sin embargo, «no ve necesaria» la prórroga del estado de alarma, al menos con los datos actuales de incidencia de la pandemia y acusó al PP de querer «enredar» con su 'plan B'. La portavoz María Jesús Montero insistió en la tesis de Moncloa de que las comunidades cuentan con los instrumentos «suficientes» y apuntó a la vacunación de la población como elemento clave para afrontar esta nueva etapa que se abre a partir del 10 de mayo.