«Queremos que nadie nos pueda denunciar por hacer nuestro trabajo», claman los ganaderos en Suarías

Con la colocación de dos carteles por parte de operarios municipales quedaban clausuradas a las diez de la mañana de este lunes, 30 de enero, dos de las cuadras del ganadero Fernando Caso en el pueblo peñamellerano de Suarías. «Sentí lo mismo que si me hubieran apuñalado el corazón», compartió el joven, de 31 años y único que se dedica en exclusiva a la ganadería en una localidad de apenas medio centenar de residentes habituales. Parte de sus 83 reses de bovino «quedan en la calle, con los días fríos, entre barro, las vacas con los pelos de punta, encogidas». «No es lo mismo que estar en las cuadras», recordó.

El origen del problema radica en una denuncia vecinal y la consiguiente aplicación de reglamentos como el de actividades molestas, de 1961. Caso inició el pasado febrero los trámites para obtener la licencia de actividad, aún sin resolver, y en mitad del proceso una sentencia judicial contra el Ayuntamiento dictaminó el cierre de las cuadras. El grado de responsabilidad de las administraciones implicadas fue una de las cuestiones que marcaron la concentración, organizada por la asociación Ganagri y a la que acudieron 300 personas llegadas desde las Peñamelleras, Cabrales, Llanes, Cangas de Onís, Onís o Cantabria. «Estamos abandonados, no tenemos quien nos respalde ni al lado ni lejos, solo entre los propios ganaderos», lamentó Caso.

Más allá que la denuncia sobre su caso particular, los protesta sirvió para reclamar una legislación acorde a la realidad de la zona rural, que evite que situaciones como la de Suarías se repitan por toda Asturias. «Estamos a tiempo de cambiar la ley de calidad ambiental», expresó desde Ganagri, Ramón Fernández, quien recordó que la normativa gallega es la referencia a seguir, pues evita la licencia de actividad para explotaciones de cierto tamaño. «La burocracia que soporta el sector ya es suficiente», subrayó.

Desde Ganagri reclamaron asimismo una ley sensorial similar a la de Francia y que «se aplique la ley de la cadena alimentaria». «Queremos que nadie nos pueda denunciar por hacer nuestro trabajo y unas normas asumibles para el sector», dijo Ramón Fernández. Sobre las responsabilidades en el caso de Fernando Caso, apuntó a la «inacción de los políticos»: «El Ayuntamiento tiene culpa, el Principado tiene culpa y el Estado tiene culpa. Y en medio queda el ganadero sufriendo esta penuria».

También por denuncias vecinales ya en septiembre se produjo el cierre de otras cinco cuadras. Para poder continuar en las suyas, que usa de noviembre a marzo, Fernando Caso solicitó «el 28 de febrero» del pasado año la licencia de actividad. Desde la Consejería de Medio Ambiente indicaron que emitieron informe favorable, con fecha de este miércoles 25 de enero, y que en base a él «el Ayuntamiento de Peñamellera Baja estaría en disposición de otorgar la licencia de actividad». Eso sí, las cuadras deben cumplir ciertas condiciones, como la separación del contenedor de estiércol de las viviendas o su retirada diaria de las cuadras.

El Ayuntamiento sostiene por su parte que la clausura viene derivada de una orden judicial que deben acatar, independientemente del resultado final de la licencia en trámite. «Estamos con el ganadero», afirmó el alcalde, José Manuel Fernández, presente en la concentración. Reiteró además que el Consistorio estaba obligado a cumplir el fallo judicial y coincidió con los ganaderos en que la «clave» es modificar la legislación para «evitar llegar a estas situaciones». Respecto al informe favorable del Principado, recalcó que les llegó el jueves y que los técnicos municipales ya trabajan en la continuación del proceso. «Esto es un Ayuntamiento pequeño», precisó.

A la protesta acudieron representantes de partidos como PP, PSOE, Foro, Vox o Ciudadanos, así como los sindicatos UCA, URA y Asaja y colectivos ganaderos como la propia convocante, Ganagri, y Asturias Ganadera.

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