La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exalcalde de Ponga por «prevaricación»

Cándido Vega, alcalde de Ponga entre 2007 y 2013 por Foro y URAS-PAS, se sienta hoy en el banquillo de los acusados por la contratación presuntamente irregular de trabajadores municipales. Por ese supuesto delito reclama la Fiscalía diez años de inhabilitación para empleo o cargo público en corporaciones locales, al entender que Vega llevó a cabo las contrataciones «sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma directa y atendiendo a su mera voluntad personal». En el escrito de acusación, el ministerio fiscal apunta además que el entonces regidor tenía «pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público».

Entre los trabajadores contratados de ese modo, la Fiscalía señala a un auxiliar de ayuda a domicilio. La relación laboral se prolongó entre 2008 y 2011 y no consta «ningún tipo de proceso selectivo, ni expediente, ni resolución de Alcaldía», recoge el escrito.

El segundo de los casos afecta a un peón de obras públicas, contratado en 2011 y 2013. En ese último año, el contrato -vinculado a la reparación de las zapatas de los puentes de Viego- «fue objeto de informe negativo por la secretaria-interventora del Ayuntamiento», pero Vega «obvió dicho informe y prescindió del reparo», indica la Fiscalía.

Señalan además que un arquitecto municipal fue contratado «verbalmente» y «sin procedimiento alguno de contratación ni expediente ni resolución de la alcaldía, desde el mes de abril de 2011 hasta el mes de junio de 2016».

La cuarta de las presuntas irregularidades es la contratación como asistente social de la persona que se ocupaba del telecentro. Lo hizo «alegando pretendidas razones de urgencia» y «mientras no se procediera a realizar el procedimiento oportuno para la selección de ese puesto de trabajo». Y añade el ministerio fiscal que «de forma paralela» contrató a otra persona como «auxiliar administrativo para el telecentro». También la secretaria-interventora había emitido informe al respecto exponiendo la normativa, pero Vega «hizo caso omiso».

A todo ello suma la Fiscalía que «concurre la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de reincidencia», pues Cándido Vega fue condenado en 2012 por un delito de prevaricación a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, por un delito de desobediencia agravada de autoridades, a seis meses de cárcel.

La vista oral se celebrará esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.