«Es una persecución política», se defiende el exalcalde de Ponga

Cándido Vega se acogió a su derecho a no declarar durante la vista, pero a la salida justificó la contratación de hasta cinco trabajadores sin procedimiento por la «urgencia» de «prestar un servicio de calidad a los vecinos». «Tengo la conciencia muy tranquila, lo que hice fue dotar al concejo de servicios de calidad», ha dicho.

Con estas palabras se defendía el exalcalde de Ponga, Cándido Vega, tras el juicio celebrado contra él por un presunto delito continuado de prevaricación por contratar de forma irregular a cinco trabajadores durante su mandato. Un procedimiento que se suma a otros que se siguieron en su contra durante los últimos años y que él achaca a «una persecución política». Quien fue regidor primero con URAS-PAS y más tarde con Foro, se explicaba de esta forma ya en el exterior del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, pues durante la vista oral prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

Nada más arrancar el juicio, y en consonancia con la tesis de la supuesta «persecución política» de la que Vega dice ser objeto por parte del actual gobierno pongueto, su abogado, José Alberto Montes, solicitó que se tuvieran en cuenta cuatro autos procedentes del Juzgado de Cangas de Onís y relacionados con otras tantas denuncias presentadas contra el exregidor e «incluso familiares suyos» por prevaricación y alzamiento de bienes que resultaron finalmente archivadas.

«Es para demostrar las continuas denuncias que se están presentando contra él», apuntó el letrado, si bien su petición fue rechazada por la jueza por no guardar relación con los hechos que enjuiciados. Una vez Cándido Vega manifestó su deseo de no responder a las preguntas de ninguna de las partes, fue el turno de la primera testigo, la actual alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE), quien criticó el trato recibido por parte del abogado de la defensa.

«Entiendo que la mejor defensa es un buen ataque, pero hubo momentos en los que me sentí como si fuese yo la acusada por la forma en que me estaba interrogando», afeó. Y recalcó que «no existe ninguna persecución, simplemente cumplo con mi deber como cargo público de poner en conocimiento de la Fiscalía del Principado determinados asuntos que detectamos y pueden ser constitutivos de una irregularidad, como en este caso la falta de procedimientos que respalden las contrataciones».

«Lo único que estamos haciendo es defender los derechos y los intereses de los vecinos del concejo de Ponga y acataremos lo que salga», apostilló la regidora. Y recordó que «llevo ocho denuncias por prevaricación presentadas contra mi por el entorno de Foro Ponga y seis de ellas ya fueron archivadas, así que la persecución política depende de desde que perspectiva se mire».

A continuación fueron varios testigos los que prestaron declaración de forma personal y por videoconferencia, entre ellos las personas contratadas en su día por Cándido Vega y la entonces secretaria municipal, quien le advirtió de que no podía seguir adelante con aquella forma de contratar personal. El juicio quedó visto para sentencia.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Ponga, piden diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Cándido Vega, por considerar que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación. En su escrito final de conclusiones, el fiscal aclaró que esta petición de inhabilitación «implicaría la pérdida de su condición de alcalde o concejal, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho periodo, si bien no implicaría la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera».

Quien fue alcalde pongueto entre junio de 2007 y mayo de 2013 está acusado de contratar a cinco trabajadores «sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma directa y atendiendo a su mera voluntad personal en la elección de las personas a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público». Concretamente, contrató de esta forma a una auxiliar de ayuda a domicilio en cuatro años consecutivos, a un peón de obras públicas en dos ocasiones, a un arquitecto municipal durante cuatro años, a una asistenta social y a un auxiliar administrativo para el Telecentro.

Las contrataciones, justificó ayer Vega, se hicieron de esta forma por la «urgencia» que había para cubrir dichos puestos. «En un concejo tan pequeño como Ponga y con los pueblos tan dispersos y llenos de gente mayor que precisa atención, no se pueden esperar tres meses a hacer un concurso porque hay que asearlos y atenderlos todos los días y la nieve y los argayos hay que quitarlos cuando caen», indicó.

«Salimos de la mancomunidad porque no nos hacia nada, nos cobraba dinero y no nos daba ningún servicio», aseveró. E indicó que «los asistentes sociales subían dos horas a la semana al concejo» y tras su intervención «había una persona todos los días». «Calidad de servicio fue lo que conseguí yo, y con el mismo dinero, gestionando las cosas a mi manera», agregó.

Y recalcó que tiene la conciencia «muy tranquila», además de considerar «desmesurada» la petición de diez años del inhabilitación. «La leyes tendrán que cambiar para que los pobres ancianos no mueran de asco los pobres, porque las cosas no se pueden hacer así», apuntó. Y recalcó que «ya van cinco archivos de denuncias presentadas por la actual alcaldesa».