El nuevo plan de los Picos de Europa admite los controles de la fauna

El Parque Nacional de los Picos de Europa es para muchos de quienes en él viven y trabajan una figura ajena a la realidad de su día a día. Concejos como Onís han llegado a pedir su salida del espacio protegido y colectivos como el ganadero cargan contra lo que consideran «cien años de ocupación y sometimiento». Tras quince años de espera, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) encara su recta final con la vocación de revertir esa desafección y convertirse en un instrumento «próximo a la realidad ambiental, social y económica de los Picos de Europa». Prueba de lo que está en juego es el interés despertado durante la fase de exposición pública, especialmente en Asturias. Al texto se presentaron 481 escritos de alegaciones que contenían en torno a 1.200 solicitudes diferentes de modificación del borrador del PRUG. La vertiente asturiana aglutinó el 41%, según recoge el informe de participación pública, al que ha tenido acceso este periódico.

La medida en la que se atendieron esas alegaciones la marca un dato contenido en ese mismo informe: «El porcentaje de solicitudes aceptadas, incluyendo las parcialmente aceptadas y ya contempladas en el PRUG, es del 56%». El desglose de esa cifra desvela, no obstante, que un 22% de las cuestiones ya figuraban en el anterior borrador del plan rector, un 15% se aceptaron parcialmente y un 9% en su totalidad.

El análisis de aportaciones, recoge el informe, «ha permitido a la administración gestora introducir en la nueva versión del plan las oportunas modificaciones y mejoras, dando así respuesta a las demandas e inquietudes, tanto de los habitantes del parque nacional y su entorno próximo, como de la sociedad en general».

¿Y quién ha presentado alegaciones al PRUG? Mayoritariamente particulares a nivel individual (71%), seguidos de organizaciones públicas o privadas (16%), particulares a nivel colectivo (9%) y administraciones públicas (4%).

Ya en detalle, el análisis de alegantes por entidades muestra que las más activas fueron las asociaciones deportivas, que llegaron a presentar el doble que ecologistas y grupos empresariales. En cuanto a administraciones, las locales duplican en sugerencias a las autonómicas.

Sobre el contenido de las alegaciones, fueron trece los artículos que concentraron el grueso de sugerencias -hasta un 50%- y que afectan a cuestiones adelantadas por EL COMERCIO en los últimos días, como la regulación de accesos y el tránsito de vehículos a motor por parte de los vecinos, las actividades deportivas, los usos tradicionales y, especialmente, la zonificación.

Esta herramienta de gestión, común al conjunto de parques nacionales, establece cinco zonas, correspondientes a cinco grados de protección: reserva, uso restringido, uso moderado, uso especial y asentamientos tradicionales. En el nuevo borrador del PRUG, aumenta la de asentamiento tradicional «con el fin de incorporar fincas particulares» vinculadas a los núcleos de población, «aunque no presenten una conexión estricta o contigüidad directa con estos». En la zona de uso especial pasan a incorporarse los refugios de montaña y se permiten intervenciones y ampliaciones en instalaciones ya existentes, si bien deben ser necesarias y compatibles. En la zona de uso moderado, «se matizan cuestiones relacionadas con la recuperación de cabañas, invernales o majadas, que deberán realizarse siempre conforme a los objetivos del PRUG y de acuerdo con la normativa urbanística».

En la zona de uso restringido, la que más alegaciones suscitó, «se deja claro que los montañeros no gozan del derecho de circulación motorizada libre», mientras que sí se permite a particulares para administrar sus propiedades. Por último, en la reserva, la zona correspondiente al mayor grado de protección, se contempla la posibilidad de autorizar controles de especies «invasoras o causantes de daños», como el lobo.

Como ya sucedió con el primer borrador hace dos años, el plan rector recoge alusiones genéricas a la problemática de los ataques del cánido. Indica, por ejemplo, que «se fomentará la implantación de medidas para la compatibilización de la ganadería extensiva con la presencia de lobo para disminuir el conflicto existente» y emplaza al subprograma de control de poblaciones el «desarrollo de programas específicos de actuación».