Más de 200 personas se vieron afectadas por desahucios en el segundo semestre de 2020

El servicio de atención e información a personas afectadas por desahucios judiciales (SAID) de Oviedo gestionó 61 nuevos expedientes entre julio y diciembre, cuando en el mismo período del año anterior había registrado 24. En Gijón, se han atendido 35 casos, que implicaban a 78 personas, de las cuales 18 eran menores de edad, 7 presentaban alguna discapacidad, 7 mayores de 65 años y una víctima de violencia de género.

El SAID de Avilés, otro tanto de lo mismo: 59 personas se vieron afectadas por procedimientos judiciales de desahucio, siendo menores de edad una tercera parte. Las estadísticas de actividad de este servicio de atención ilustran con números la crudeza de la crsis sanitaria, que bien influyó directamente en el devenir de estas familias o bien contribuyó a precipitar situaciones de vulnerabilidad previas.

Es más, en la mitad de las situaciones planteadas, el factor que desencadenó el procedimiento judicial de desahucio fue la pérdida del empleo. La Memoria Judicial de 2020 revela también que más del 90% de los efectados residían en régimen de alquiler y que la mayor parte de las peticiones tramitadas desde las distintas delegaciones del SAID vinieron motivadas por la presencia de menores dentro de la unidad familiar.

La Memoria Judicial de 2020 fue presentada el pasado martes por el presidente del TSJA, Jesús María Chamarro, que, en el momento de hacer públicas las estadísticas, ya hizo hincapié en lo mucho que había repercutido la pandemia en la actividad de los juzgados asturianos. Los asuntos recibidos disminuyeron en 2020 un 14,1%, principalmente como consecuencia del confinamiento, que durante tres meses paralizó los plazos procesales y la tramitación de aquellos asuntos que no fuesen urgentes e inaplazables.

Sin embargo, en servicios como el de atención a las personas afectadas por desahucios, los niveles de actividad lamentablemente aumentaron. Sus estadísticas no son las únicas que ponen negro sobre blanco las consecuencia de alcance social que ha tenido la pandemia en el Principado. Los gráficos que hacen balance de las muertes violentas, por ejemplo, muestran que una quinta parte de los casos se debieron a suicidios. El dato es una constatación del aumento de problemas mentales que los profesionales de la psiquiatría atribuyen a la crisis sanitaria y a las restricciones adoptadas para frenar el contagio del virus.

En los tribunales de Asturias entraron en el año de pandemia 116.783 asuntos, frente a los 135.914 del ejercicio 2019. Destacan, aún así, los casos de violencia de género. El año pasado se atendió a más de 1.000 víctimas de delitos violentos, y «la mayoría se debieron a violencia doméstica». Según el documento del TSJA, en Oviedo hubo 376 casos; en Gijón, en torno a 400; y en Avilés, 221.

Los jueces han tenido que encarar el año de pandemia con una carencia de medios e instalaciones que no dejan de denunciar públicamente y que tienen su reflejo en la memoria presentada por Chamorro. Algunos edificios judiciales ni siquiera disponen de salas suficientes para poder celebrar juicios garantizando la distancia de seguridad y ventilación que aconsejan los protocolos anticovid.

En el caso del Juzgado de Violencia de Género, sin ir más lejos, el espacio habilitado para preservar la intimidad de las víctimas se encuentra en mitad de un pasillo. Se han tenido que ocupar espacios comunes. La historia se repite en otros edificios judiciales.