El Principado devolverá a los ayuntamientos 10 millones por el nuevo impuesto de residuos

En resumen, la norma estatal obliga a gravar con 40 euros la tonelada de residuos municipales mezclados que van al vertedero (la bolsa negra), y aunque el impuesto no tiene carácter finalista -es decir, lo que se recaude por esa vía no tiene un objetivo de gasto prediseñado por la propia ley-, el Ejecutivo asturiano, según indicó ayer Cofiño, tomó la decisión de destinarlo a los propios ayuntamientos a través de los presupuestos generales del Principado «con el propósito de minimizar su notable impacto en las cuentas municipales, ya que los 40 euros del gravamen se suman a los 27 euros de coste del tratamiento de cada tonelada de basura mezclada», si bien desde Cogersa se aclara que ese precio es uno de los menores que se aplica en las diferentes comunidades autónomas.

La devolución de esos fondos se llevará a cabo a través de dos métodos, según se explicó ayer desde Cogersa. Uno, la bonificación de los costes de gestión de los puntos limpios, que actualmente suponen una carga para las arcas municipales. Otro, ayudas directas a los concejos para compensar el importe de la recogida y el transporte de residuos.

¿Quién va a pagar por ese impuesto? En primera instancia, el coste será asumido por la propia Cogersa que, como gestor del vertedero y según se indicó ayer desde el Principado, «actuará como sustituto del contribuyente y procederá a la liquidación del impuesto ante la Agencia Estatal Tributaria. Será esta, posteriormente, la que lo ingresará en la caja única de la comunidad autónoma.

Este paso puede llevar su tiempo, pero mientras tanto los ayuntamientos asturianos se habrán librado de una carga que en algunos casos suponía un riesgo añadido de problemas de tesorería. Con todo, queda por ver el encaje de esta medida en el proyecto de ley de presupuestos del Principado para 2023 y si acabará revirtiendo de alguna forma directa en el bolsillo del contribuyente. Son dos años largos de plazo para asumir lo que indicó, en ese sentido, Cofiño, que recordó que la ley de residuos establece que, «en aplicación del principio de que quien contamina paga, en 2025 todos los ayuntamientos deberán aprobar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos».

La tarifa podrá tener en cuenta reducciones en los supuestos de prácticas de compostaje doméstico o comunitario y en la recogida separada de biorresiduos. En ese mismo año, los ayuntamientos deberán comunicar al Principado esas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección.

El anuncio lo efectuó el propio Juan Cofiño ante los miembros de la comisión delegada del consorcio de tratamiento de residuos, que ayer mantuvo una reunión para analizar la propuesta de presupuestos de la entidad para el próximo año, en una reunión a la que asistieron también la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, y la propia gerente de Cogersa, Paz Orviz.