El Principado lanza 103 obras para mejorar la red del agua en 54 concejos

Llega la hora de las obras hidráulicas. Al menos eso es a lo que apunta el borrador de presupuesto del Principado para 2023, que incluye 31,4 millones para financiar 103 obras de saneamiento y abastecimiento en 54 concejos. «Peinamos todo el territorio», afirmó ayer en la presentación de sus cuentas el vicepresidente regional y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.

La inversión en actuaciones hidráulicas supera así con mucho el dinero que durante la última década se venía dedicando a los más de 4.000 kilómetros de red viaria de titularidad autonómica. La apuesta «tiene que ver con el plan de abastecimiento y saneamiento que aprobamos en los últimos meses», justificó Cofiño. Se trata de dos programas que aspiran a blindar el suministro de agua en la región a lo largo de esta década además de cumplir con las nuevas exigencias que la UE impone en limpieza de aguas.

Los nuevos contratos de obra para abastecimiento ponen el foco «muy singularmente en la zona del noroccidente, la que no accede a los sistemas supramunicipales de Cadasa», detalló Cofiño. En materia de depuración, la medida estrella consiste en un conjunto de operaciones a ejecutar en la estación depuradora (EDAR) más grande de la región, la de Villaperi (Oviedo). «Movilizará cerca de 40 millones en los próximos años», avanzó el consejero. De momento en el anteproyecto de cuentas hay una partida plurianual de 27 millones cuyo objetivo es «un plan piloto para que todo el agua que sale tenga usos en clave de economía circular, que sea usada por la industria».

El borrador de cuentas para 2023 incorpora además una medida específicamente diseñada para parar el golpe que la Ley estatal de Residuos imponía a los ayuntamientos en forma de impuesto por el vertido de desperdicios. Asturias es la única comunidad autónoma que echa en el basurero central todos los desperdicios que los ciudadanos ponen en el contenedor que no es para reciclar. La norma penaliza dicho sistema con un impuesto de 40 euros por tonelada, con la idea de castigar ese mecanismo. Los ayuntamientos, como titulares de la competencia sobre la recogida y gestión de la basura, son los que deben pagarlo. Eso sí, luego el dinero recaudado lo deriva la Agencia Tributaria a las administraciones autonómicas.

«Vamos a revertir todo lo que recaudemos del impuesto en favor de los ayuntamientos», indicó el vicepresidente. Para ello las cuentas reservan un millón que financiará la limpieza de las playas, 2,5 para asumir los costes de personal de los puntos limpios, y 7,5 más para pagar la recogida y transporte de los desperdicios hasta el basurero central, que gestiona Cogersa.

Entre las competencias de Cofiño están las de Función Pública. La novedad ahí es que el Principado incrementará su plantilla, con 490 nuevos puestos. «Vamos a incorporar profesionales a las residencias y a Derechos Sociales, para la tramitación del salario social y la dependencia. Hay 15 plazas para Igualdad, con especialistas y psicólogos de apoyo, y 15 para la FP dual, que empieza ahora su camino; por último incorporaremos profesionales a los juzgados», detalló.

Eso en cuanto a los nuevos destinos. También se empezará a «regularizar» el empleo temporal, pasando a fijos 2.493 puestos hasta ahora cubiertos por interinos de larga duración.

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