El Gobierno regional sube los sueldos públicos un 2,5% y aplica un plan de ahorro en sus edificios

El Consejo de Gobierno aprobaba ayer un incremento del 2,5% en las retribuciones de los funcionarios públicos. Subida que se aplicará a todo el personal de la Administración autonómica, organismos y entes públicos, a excepción del presidente del Principado, sus consejeros y sus viceconsejeros, que este año seguirán percibiendo el mismo sueldo que en 2022.

Esta medida, que ya cristalizará en las nóminas del mes de enero, acarreará un coste anual de 49,9 millones de euros y beneficiará a 42.000 empleados públicos. No es el único guiño que el Gobierno de Adrián Barbón le ha hecho al personal de la Administración autonómica. El pasado mes de noviembre ya se aprobó una subida del 1,5% -con carácter retroactivo- para paliar los efectos de la elevada inflación sobre su poder adquisitivo.

En la reunión que ayer celebró el equipo de Gobierno, se aprobó también un plan para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de edificios e infraestructuras de titularidad autonómica. El documento, que consta de doce medidas y plantea actuaciones en medio centenar de inmuebles y equipamientos, llevará consigo, por ejemplo, adelantar a las 19.30 horas el cierre de las sedes administrativas o impulsar el teletrabajo.

Lo que se ha bautizado como Plan Asturias Suma en Mejora Energética (Asume), viene a complementar con aportaciones del Principado las iniciativas que ya han sido aprobadas a nivel nacional en esta materia. El texto, que se elaboró con el asesoramiento de la Fundación Asturiana de la Energía (Faen), contempla el desarrollo de una campaña de concienciación, dotada con un presupuesto de 160.000 euros; la rehabilitación y mejora energética de edificios e infraestructuras públicas, desde sedes judiciales a centros sanitarios; el despliegue de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo; acuerdos marco para la contratación de suministros eléctricos y un impulso de la movilidad sostenible.

Ayer, se decidió, además, remitir al Consejo Consultivo el decreto que regulará la coeducación en el sistema educativo, para propiciar una convivencia igualitaria y prevenir la violencia de género. Es el último trámite administrativo antes de que se apruebe definitivamente este plan, que comenzará a desarrollarse a partir del próximo curso 2023-24 e incluye medidas que promueven la socialización en igualdad; la resolución pacífica de conflictos; la comunicación libre de actitudes machistas y estereotipos de género y una educación afectivo-sexual.

El nuevo decreto deberá aplicarse tanto en los centros sostenidos con fondos públicos como en los de titularidad privada. A estos últimos, eso sí, se les dará la posibilidad de que o bien se adhieran al plan que tramita el Gobierno autonómico o establezcan su propio programa de coeducación. Siempre y cuando, claro está, dicho proyecto recoja las directrices de la normativa en la que han trabajado conjuntamente la Consejería de Educación y la Dirección General de Igualdad.

Ayer, se formalizó, además, el nombramiento de Olmo Ron como nuevo director general de Emigración y Memoria Democrática, que depende de la Consejería de Presidencia. Ron llega a este nuevo puesto desde el Ayuntamiento de Gijón, donde se ocupaba desde 2019 de la Concejalía de Obras Públicas y Proyectos, además de presidir la Empresa Municipal de Medio Ambiente, donde ha tenido que capear la tormenta política desatada al conocerse que un capataz acosó a varias trabajadoras.