Denuncian al alcalde de Nava por el retraso en la clausura de una cuadra

El alcalde de Nava, Juan Cañal Canteli, la Policía Local y un residente del municipio han sido demandados. La demandante, M.O.V.G., es una vecina, de Llombroso, que, en varias ocasiones, denunció, «sin obtener respuesta», en el consistorio naveto que la actividad ganadera de una cuadra, propiedad del vecino demandado que colinda con su vivienda habitual y en la que reside con su marido, le estaba transmitiendo, a través de las pareces, fuertes olores y filtraciones de los purines de las reses que han ocasionado que haya insectos en su domicilio.

En el escrito de la denuncia, el abogado de la demandante, Marcelino Abraira Piñeriro, relata que, además, un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) determinó que el dueño de la cuadra, además, carece de licencia de apertura y estaba vertiendo los residuos producidos por los animales al colector municipal. «Se puede ver un canal que sirve para la limpieza de la cuadra y evacuación de purines, este canal comunica con el exterior y que está conectado a un depósito que vacía cada cierto tiempo. Se puede observar que la conexión de la cuadra y el depósito se realiza en una arqueta que recoge las aguas pluviales, por todo ello, los purines se están vertiendo al colector municipal que recoge esta agua», relata el informe.

Tras conocer el informe de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Nava dictó un decreto, con fecha del 14 de noviembre y al que ha tenido acceso este diario, en el que instaba a que el vecino demandado cesase inmediatamente el vertido de los orines a la red de saneamiento de agua y a la regularización de la actividad ganadera que desarrolla en su inmueble. Por ello, en su escrito resolvió que el demandado debía cesar la actividad en un plazo de cuarenta y ocho horas y se le advirtió que en caso de incumplirse la orden de paralización se procedería a la ejecución forzosa del acuerdo de suspensión.

Después de más de dos semanas de que el plazo de clausura haya expirado, Abraira Piñeiro asegura que la actividad ganadera «continua». Es por eso que tras haber presentado un requerimiento a Juan Cañal Canteli en el que se solicitaba, «como último recurso», el cese de la actividad y «no obtener respuesta», interpuso una denuncia a la Fiscalía del Principado de Asturias contra el él por un presunto delito de prevaricación administrativa por inacción del cumplimiento de órdenes urgentes. En el escrito también se recoge una denuncia a la Policía Local del concejo, por el presundo delito de omisión de una orden y al propietario de la finca por el presunto delito de desobediencia y así como por delito medioambiental.