La enseñanza pública asturiana se alza contra «el teatrillo sin contenido» de Educación

Que la Consejería de Educación anunciase su voluntad de abrir una negociación para reducir las horas lectivas en el Cuerpo de Maestros no ha conseguido rebajar la tensión existente con la comunidad educativa, que sigue adelante con sus acciones de protesta y, de hecho, ayer salía a la calle para poner en evidencia que «la enseñanza pública no está, ni mucho menos, tan bien como nos la cuentan» desde el Gobierno regional. A la manifestación, convocada por Suatea, CSIF, UGT y CC OO, no sólo se sumaron los docentes de Infantil, Primaria y Secundaria de la red autonómica, que llevan todo el curso académico reclamando «sin éxito» mejores condiciones laborales. Más colectivos alzaron ayer la voz contra «la caótica gestión de la consejera» Lydia Espina, desde las familias que han tenido problemas con el comedor o el transporte escolar a las profesoras de 0 a 3 años o los interinos de FP.

Todos, bajo el lema '¡Por la Escuela Pública!', atravesaron ayer el centro de Oviedo, desde la estación de Renfe a la sede de Presidencia –pasando por la Consejería–, para que sus protestas trascendieran de los despachos a la opinión pública. «Nos hemos tenido que enterar de que la consejera iba a abrir una negociación por los medios de comunicación y las redes sociales», le afeaban los portavoces sindicales a Lydia Espina. «Lo que está pasando con Educación deja mucho que desear. Aquí, se les llena mucho la boca diciendo que son un gobierno de izquierdas que apuesta por la enseñanza pública, pero estamos peor que en muchas comunidades del PP», espetaban algunos profesores en medio «del cabreo generalizado» de la comunidad educativa.

En principio, la Consejería que lidera Lydia Espina estaría dispuesta a reducir las horas lectivas de los maestros, de las 25 actuales a 23. Menos horas de clase no implica menos trabajo. Si los maestros reclaman esta reducción es para poder disponer de más tiempo, por ejemplo, para la atención a la diversidad: «La inmersión lingüística de los alumnos que vienen de fuera, la atención de los niños con necesidades especiales, que cada vez son más... Esa es la realidad de las escuelas».

Pero las quejas no se circunscriben únicamente a este asunto, que es una petición histórica de quienes «ahora mismo nos vemos obligados a realizar las actividades complementarias en horario de tarde o en casa» por falta de tiempo. Hay más reivindicaciones, como la equiparación salarial con el resto de comunidades –«la dieta pa Barbón, en nuestros sueldos no», le gritaban ayer al presidente del Principado–, una menor burocracia o la reducción de la carga lectiva a partir de los 55 años.

Participaron en la manifestación cientos de personas –unas 800, según la Policía–, que hicieron mucho ruido durante su casi hora y media de procesión reivindicativa con pancartas, altavoces y tambores. Junto a Presidencia y el Parlamento asturiano, se leyó un manifiesto contra lo que consideran «política del artificio, del márketing, los anuncios y las fotos sin compromisos». Un dardo envenenado contra «el teatrillo» de la Consejería de Educación y el Gobierno del Principado: «El tiempo de las reuniones sin contenido ni presupuesto se acabó».

En su ultimátum, la enseñanza pública pidió «un nuevo acuerdo de plantillas, que dote a los centros de los recursos humanos necesarios»; una solución «a las cuestiones laborales y de organización» que siguen sin resolverse en el proyecto de Les Escuelines, que «va camino de quedar en nada»; y, muy especialmente, que «el dinero público vaya para la enseñanza pública». O dicho de otro modo: «Para la concertada, nada, nada, nada».

A través del manifiesto –que fueron leyendo de forma compartida representantes de los distintos sectores en conflicto– también reivindicaron «la dotación de los recursos necesarios para que los centros sean espacios seguros y saludables»; «la formación permanente del profesorado dentro del horario lectivo»; «recuperar las cocinas de proximidad»; que «todo el alumnado tenga comedor, evitando las diferencias por razón del código postal» o «criterios comunes en todas las administraciones para las becas». Y por reclamar, hubo incluso quien solicitó la dimisión de Lydia Espina.

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