Transportes encarga el estudio para suprimir el peaje de Adanero que niega en el Huerna

Según las informaciones publicadas en los últimos días por 'El Adelantado de Segovia', LRA Infraestructures Consulting ha ganado el concurso de Transportes para elaborar el informe por 895.097 euros. El plazo será de 30 meses, aunque en los primeros ocho meses deberá presentar un avance del estudio informativo. Este avance servirá como primer diagnóstico sobre los efectos que supondría la supresión del peaje Villalba-Adanero de la AP-6 así como los ramales hacia Ávila y Segovia.

Según las informaciones publicadas por 'El Adelantado de Segovia', el ministerio que dirige Óscar Puente fija en la propia documentación que acompañaba al concurso de adjudicación del informe el «previsible» fin del peaje en 2029. Ese año es cuando concluye la adjudicación del tramo Villalba-Adanero.

El informe ya adjudicado por el Ministerio de Transportes para la eliminación del pago entre Adanero y Villaba –el acceso a Madrid bajo el Guadarrama– sería la buena noticia para los asturianos en sus viajes a la capital de España. La mala, una vez más, la negativa del Gobierno central a llevar a cabo medidas similares en el de la AP-66 y el peaje del Huerna. El pasado mes de julio, la cartera que dirige Óscar Puente respondió a preguntas formuladas por los senadores del PP que «no se dispone de ningún estudio sobre el rescate de la autopista de peaje AP-66». Posteriormente, como ya publicó EL COMERCIO, a preguntas de este periódico respondieron fuentes ministeriales que la respuesta dada a los senadores «se refiere a que no se ha encargado un estudio externo, lo que no implica que no se hayan hecho estimaciones internas». Eso sí, eluden concretarlas. En resumen, que el Ministerio de Transportes sí encarga el estudio para suprimir el peaje de la AP-6 que niega para el Huerna.

Cabe recordar que la Comisión Europea tiene abierto un expediente contra el Reino de España por la prórroga en 2000, cuando gobernaba el PP, con José María Aznar como presidente, del contrato de concesión de la autopista del Huerna, alargado hasta 2050.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha defendido ante Bruselas la legalidad de aquella ampliación, una medida tomada en su día por el Consejo de Ministros y que comportaba que el expediente tuviera que recibir el visto bueno de la Abogacía del Estado, entre otros filtros. La pasada semana, en una nueva respuesta dada a la Comisión Europea tras solicitar nueva información, Transportes dijo que «aunque no se compartan las decisiones que tomó el Gobierno del PP en su momento, ya que las políticas de movilidad y reequilibro territorial que defiende este Gobierno van en la dirección contraria, es nuestra responsabilidad velar por el interés común».