El rector rechaza la nueva ley de Universidades: «Es una oportunidad perdida»

Aprobar esta ley, tal cual está planteada en estos momentos, sería, para Villaverde, «una oportunidad perdida para la realización de modificaciones estructurales más profundas, que son las que necesita el sistema público universitario español», por lo que matiza que «a priori estamos ante un texto con mucho margen de mejora». Pese a ello, el rector reconoce diversos aspectos positivos en la propuesta de ley, como que se eleven los datos actuales de gasto universitario público desde el 0,7% del PIB al 1%.

Por el contrario, se queja de que «se nos exige a las universidades una inversión en investigación de, al menos, un 5% de nuestro presupuesto, que para muchas universidades será imposible de llevar a cabo».

En el caso de la Universidad asturiana, supondría una inversión aproximada de 10 millones de euros, «algo que nos gustaría, pero que, siendo realistas, es una cifra inalcanzable». También goza del beneplácito de la Universidad, dice Villaverde, el intento de limitar la temporalidad en los contratos de Personal Docente e Investigador o de Personal de Administración y Servicio exigiendo un máximo del del 20%. En el caso de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde considera que ya se ha alcanzado mucho en algunas de las cuestiones que aborda la nueva ley, por ejemplo, con los nuevos planes de estabilización, tanto en PAS (Personal de Administración y Servicios) como PDI (Personal Docente e Investigador). «Nosotros podemos estar ya en disposición de cumplir ese máximo del 20% en contrato temporal, en la medida en que la propia ley elimina de ese cómputo, tanto las plazas de asociados vinculados como las de ayudantes doctores». Además, recuerda, «nosotros ya disponemos de una unidad de igualdad y de una dirección de área que, precisamente, tienen entre sus objetivos el desarrollo o puesta en prácticas de políticas de inclusión y diversidad». El rector insiste en que hay ciertas cuestiones relativas sobre todo a la gobernanza, que quedan abiertas y que posponen sus acciones a reformas estatutarias por parte de las Universidades. Por ello, «tememos que no lleguen a culminarse, ya que dependen precisamente de cómo sean y qué afronten esos procesos estatutarios».

Una gobernanza más flexible aumentaría la autonomía universitaria y permitiría a las universidades definir con más libertad la composición de los órganos de gobierno, garantizando la representación del estudiantado, según han manifestados otros rectores de universidades españolas ante la propuesta.

Su conclusión final es que «todavía queda mucho trabajo que hacer y aún no sabemos si el ministro va a abrir un periodo de negociación».