La Universidad cierra con el Principado una financiación por objetivos hasta 2027

«Con este tipo de convenios lo que queremos es que la Universidad tenga un escenario económico previsible a medio y largo plazo y saber cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar para mejorar nuestra economía. Eso no se logra a corto plazo», subrayó. «Son medidas que requieren tiempo para que maduren y nos devuelvan el resultado. Y, además, trasciende la legislatura, lo que supone una forma también de comprometernos ambas partes con un proyecto que va más allá del mandato de un consejero o de un rector».

Otra de las novedades es que el Rectorado ha «desechado» prácticamente todos los indicadores del anterior contrato programa. «Es algo normal, estaban vinculados al plan estratégico del equipo rectoral anterior y lo lógico ahora es que se alineen con el nuestro, que presentaremos en enero». Entre los nuevos criterios figuran «el rejuvenecimiento y sostenibilidad de la plantilla, la mejora de la eficiencia de nuestra gestión económica; la puesta en marcha de una contabilidad analítica (esto es, técnicas para estudiar la forma en la que se distribuyen los costes e ingresos de una empresa y generar información de uso interno y tomar mejores decisiones)».

Aunque también se incluyen otros referentes a hacer de la Universidad una institución más sostenible y «distintos indicadores sobre la calidad de los estudios», citó Villaverde. «En resumen, es un conjunto de indicadores muy ambicioso y está en la mano de la Universidad cumplir con ellos».

Ese cumplimento de objetivos le permitirá obtener 2,5 millones anuales, la parte variable del contrato programa. La cifra no cambia respecto a los anteriores. Sí, insiste el rector, varían los criterios, «a los que se ha hecho una revisión en profundidad».

La parte fija la integrarán, en 2022, los casi 160 millones que la consejería reserva para la Universidad. Suponen un 2,7% más. «En comparación con lo que ha crecido el presupuesto del Principado, es muy buena cifra». A ellos se unirán los 1,6 millones de inversiones para infraestructuras (que se unirán a los 400.000 aportados por la propia Universidad en esta área), y la compensación por la congelación de la matrícula en los grados y la bajada en el precio de los másteres (habilitantes, los necesarios para ejercer una profesión), cifrados por el propio consejero, Borja Sánchez, en 5,3 millones. Y partidas para becas y apoyo a formación de jóvenes doctores, «así como a otros programas que tenemos que gestionar como las Severo Ochoa o las ayudas Ramón y Cajal».

«Estamos muy contentos», señaló Villaverde, en referencia al contrato programa. Fue una de las primeras cuestiones que tanto el consejero como el rector empezaron a negociar en sus primeras reuniones mensuales nada más ganar las elecciones el catedrático de Derecho Constitucional.