La oposición abandona el Pleno y provoca su suspensión a los siete minutos de empezar

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, suspendió ayer el pleno de febrero a los siete minutos de haberse iniciado al encontrarse la sesión sin el quórum exigido de un tercio de los concejales (9 ediles). La sesión se repetirá mañana sábado, a partir de las 10 horas, siempre que se alcance ese mínimo de concejales que sí estaba ayer en el salón de plenos cuando, minutos después de las 10.30 horas, comenzaba la sesión con los 25 ediles en el salón de recepciones.

La marcha de los 17 concejales de la oposición se produjo después del enterado a los informes de gestión económica y cuando se debía votar el primero de tres reconocimientos extrajudiciales de créditos, correspondiente a diferentes facturas por importe de 280.235,20 euros del Ayuntamiento, además de 54.773,09 euros en la Fundación de Cultura y 49.088,32 euros en la Fundación de Deportes. Correspondían a las facturas que ya en diciembre la oposición se negó a autorizar el pago y a las que se unieron otras, en muchos casos de forma inevitable. Por ejemplo, el 22 de diciembre el Ayuntamiento deja de aceptar facturas para poder cerrar el ejercicio de ese año. Esos gastos se incorporan en el presupuesto del siguiente ejercicio mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos (REC), que siempre aparece en todos los plenos municipales.

Ayer, minutos antes del inicio del pleno, la alcaldesa, Mariví Monteserín, convocó a los portavoces junto con la interventora municipal. Y ésta les informó verbalmente del riesgo de incurrir en «prevaricación» en el caso de que se rechacen unas facturas por servicios realmente prestados. En ese caso, si las empresas afectadas reclamasen responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, aquellos concejales que apoyaron el rechazo deberían abonar de forma solidaria su importe.

El pleno debía comenzar a las diez, pero por ese motivo se abrió un receso de media hora para que la oposición estudiase su postura. En la comisión de Hacienda, Ciudadanos había votado en contra, mientras PP, Somos e IU se abstuvieron. Iniciado el Pleno, la postura de la oposición fue desvelada por el concejal Alfonso Araujo (PP), que, después del segundo enterado, se levantó de su asiento y anunció que se ausentaba para las siguientes votaciones. Con él salían del salón todos los concejales de la oposición, quedándose el equipo de Gobierno socialista en solitario.

Cerrada la puerta de la sala, la secretaria municipal advertía sobre la posibilidad de no alcanzar el quórum fijado en el Reglamento Orgánico Municipal: un tercio de los concejales. Habida cuenta que el pleno son 25 ediles, el tercio es 8,33. El redondeo, en este caso, es al alza, por lo que se necesitaban nueve concejales para poder seguir adelante con la sesión. Con sólo los ocho del PSOE en el salón de plenos, la alcaldesa suspendía la sesión y, de acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal, lo volvía a convocar para mañana sábado. Es la primera vez que esto sucede desde la elecciones municipales de 1979 en el Ayuntamiento de Avilés.

En su salida, los concejales socialistas coincidían en el pequeño pasillo que se forma entre las sillas para el público y los escaños para los ediles con los miembros de la oposición, que volvían a entrar. «Volvemos al Pleno», comentó Juan Cuesta (Ciudadanos) al portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. «Se ha suspendido el pleno, no hay quórum», le explicó el edil. «Nos habían dicho que lo mínimo era un tercio para poder seguir», replicó Cuesta. «Ya, es que un tercio son nueve concejales y aquí sólo estábamos ocho», concluyó Huerga ante la cara de asombro de su colega.

Cascada de declaraciones

A partir de ahí, se produjo una reacción en cadena, con una rueda de prensa conjunta de todos los grupos de la oposición municipal para explicar su posición.

Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, aseguró que entendía el REC para «casos de urgencia», reprochando al gobierno que se generalizase ese sistema, además de «meter en un mismo paquete un montón de facturas». El edil recordó las críticas de la Sindicatura de Cuentas al «abuso de este método» y explicó que los concejales habían decidido ausentarse «ante la advertencia de posible prevaricación». Su grupo estudiará la situación creada, que definió como «kafkiana. Sólo podemos votar sí. Es un proceso maquiavélico».

Desde Somos, Yolanda Suárez recordó que su grupo ya había rechazado los REC, afirmando que la «irresponsabilidad es acudir a ellos. Son actuaciones nulas de pleno derecho. Lo dice la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General del Estado». Aseguró desconocer el informe de Intervención, pero insistió en que asumir los reconocimientos era «obligarles a asumir una gestión nefasta».

Para Alejandro Cueli, portavoz de IU, lo sucedido en el pleno demostraba que «el PSOE debe asumir que no tiene ni mayoría para disponer de quórum». Avanzó que el Consejo Político de IU había acordado el voto contrario y «nos ausentamos para no desobedecer el mandato de nuestra organización ni cometer una ilegalidad». Cueli apuntó que la salida a esta situación debe ser con el diálogo. «Tenemos que hablar, no pueden meternos presión con los técnicos», aseguró.

Juan Cuesta, de Ciudadanos, definió los reconocimientos como «una práctica perversa», apuntando que no tiene sentido «llevar una votación al pleno cuando sólo se puede decir sí o sí. Levantarnos fue la única forma de no incurrir en prevaricación», planteando la posibilidad de que se votasen las facturas de forma individual.

Agustín Sánchez, que no había acudido ni a la comisión de Hacienda ni a la Junta de Portavoces, aseguró que «no le importaba votar que no», defendiendo la actitud de la oposición «para luchar contra la tiranía». El edil reclamó el informe escrito de la Intervención, aunque avanzó la posibilidad de acudir al Contencioso. Sánchez dio 48 horas al gobierno para que reflexionase y cambiase de actitud y aseguró que «si votamos una factura falsa estaríamos prevaricando».

Por su parte, el Gobierno municipal reprochó la actitud de la oposición, «que hace este teatro cuando una funcionaria les dice que su voto les puede tocar su bolsillo, pero cuando los afectados son terceros, como en diciembre, no les importa nada», declaró Luis Ramón Fernández Huerga, quien defendió el procedimiento: «Se da en todos los ayuntamientos para no paralizar una administración que ofrece servicios a los ciudadanos. Nos hemos comprometido a reducir su número, pero es imposible evitarlos». El edil recordó que no existe reparo de Intervención a ninguna de las facturas que se iban a reconocer y que llevaban semanas a disposición de «una oposición con tantos liberados como el gobierno», por lo que «dispone de tiempo suficiente para analizar los expedientes». Huerga calificó lo sucedido de «esperpento», recordando que «los ciudadanos nos han elegido para tomar decisiones».