El juez descarta que la mujer muerta en La Carriona, en Avilés, fuera asesinada por su pareja

Soraya Suárez, la mujer de 32 años que apareció muerta en La Carriona en diciembre de 2022 tras una discusión con su pareja, falleció por «intoxicación por drogas de abuso y psicofármacos», según el informe definitivo de la autopsia, y no por los golpes que poco antes le había propinado su pareja, con la que convivía en una de las viviendas del barrio. Al hombre ya no se le imputa, pues, un delito de homicidio, pero sí uno de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Avilés ha optado por cambiar el procedimiento abierto, con jurado, a uno abreviado, una vez oídas todas las partes y tomada declaración a los forenses. Ahora las acusaciones particulares como la Abogacía del Estado, tienen diez días para manifestar si consideran que procede abrir juicio oral, decretar el sobreseimiento de las actuaciones o si solicitan que se practiquen nuevas diligencias.

Soraya Suárez fue hallada muerta en el baño de su domicilio por su pareja, que accedió al inmueble en la mañana del 22 de diciembre en compañía de unos vecinos, puesto que no abría la puerta y el hombre habría salido sin llaves. La noche anterior se habría producido una fuerte discusión entre ambos, después de haber estado consumiendo «drogas, sustancias estupefacientes y psicofármacos». Él le habría propinado numerosos golpes, que pudieron incluso romperle el tabique nasal, y ella le lanzó una pecera de cristal por la ventana cuando se iba.

La autopsia concluye que los golpes, aunque numerosos, y sobre todo en la cabeza, «no son de entidad como para provocar el fallecimiento por sí mismos». Este se habría producido, señalan, por su «concomitancia con el consumo de tóxicos», que terminó provocando un fallo respiratorio por afectación del sistema nervioso central.

El juez propone ahora juzgar al acusado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, si bien plantea dos posibilidades acogidas a dos artículos diferentes del código penal, como explica su abogada, María Escanciano. Se enfrentaría así, dependiente del tipo de asistencia sanitaria que la víctima hubiera necesitado, en su caso, para la curación de sus lesiones, a una pena de seis meses a un año de cárcel si se considera que hubiera bastado con una única, asistencia o de dos a cinco años, si se cree, en cambio, que hubiera requerido de tratamiento médico, lo que aún está por dirimir.