Industria pide al Principado devolver 68 millones y renunciar a otros 154 de los fondos mineros

El Ministerio de Industria ha trasladado ya al Principado requerimientos para la devolución de 68,6 millones de euros correspondientes a proyectos ya ejecutados con cargo a fondos mineros y ya pagados por el Instituto del Carbón.

A esta cantidad se añade la cifra correspondiente a los proyectos en los que el Ministerio requiere del Gobierno regional que renuncie a sus derechos de cobro sobre cantidades adelantadas por el Principado por una cuantía de 154 millones, lo que elevaría la cantidad reclamada por el Instituto del Carbón a 220,7 millones.

Según el Principado, el 97 por ciento de las cantidades que pide Industria, bien como devolución o como renuncia a derechos de cobro, corresponde a proyectos ya finalizados entre los que figuran el campus de Mieres, carreteras como la Cecos-Larón, el Ecomuseo de Samuño o la segunda fase del polígono de La Curiscada, en Tineo.

Estos datos han sido facilitados hoy por el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, que ha reiterado sus acusaciones de "atraco" y "despropósito" contra la actuación del Ministerio de Industria para no cumplir la sentencia que reconoce a Asturias el derecho a percibir hasta 213 millones de euros de los fondos mineros anteriores a 2011.

Martínez ha señalado que a esta actitud se une una evidente "mala fe" en las últimas declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, en las que advierte de que su departamento no abonará las obras correspondientes al vigente Plan de la Minería hasta que no se paguen las ya finalizadas con cargo a planes anteriores.

De esta forma, según Martínez, el Ministerio no sólo se niega a acatar la sentencia ni a atender el requerimiento judicial de que no emprenda acciones unilaterales como los requerimientos realizados al Principado sino que anuncia que "incumplirá" el actual Plan del Carbón.

Para el portavoz del Gobierno asturiano, la actuación del Ministerio de Industria responde "a una práctica dilatoria, de escapismo y de ninguneo a las instituciones".

El pasado mes de noviembre, el Gobierno regional solicitó la ejecución de la sentencia de los fondos mineros al constatar la "nula voluntad" del Ejecutivo central de cumplirla y cifró en 80 millones de euros el dinero reclamado por el Instituto del Carbón -26 millones ya pagados y 54 millones adeudados- de tres proyectos ejecutados.

Ante estas reclamaciones, el Gobierno del Principado planteó en diciembre de 2014 un incidente de ejecución de la sentencia que le había resultado favorable lo que llevó al juzgado central de lo contencioso-administrativo a dictar una diligencia exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial.

Dicha providencia emplazaba además al Estado a informar al juzgado en el plazo de quince días sobre sus gestiones para cumplir la sentencia y el estado en que se encuentran y las actuaciones que quedan por practicarse para cumplirla en su integridad.