Más de 9.000 autónomos asturianos, en riesgo de quedar sin prestación por cese de actividad

Los autónomos viven de nuevo un momento crucial. El sistema de prestación por cese de actividad expira el 1 de junio y el Gobierno negocia con las asociaciones profesionales su prórroga. La propuesta del Ejecutivo no gusta a los representantes de los autónomos, que alertan de que «el 90%» de quienes reciben este dinero por tener cerrado su negocio a causa de la pandemia se exponen a perder la prestación si no se cambian las condiciones.

A 26 de abril había en Asturias 10.266 autónomos con sus negocios en cese y cobrando esta prestación. Según los cálculos de las asociaciones profesionales, más de 9.000 de ellos quedarían fuera de la prórroga del Gobierno tal y como está formulada.

Los problemas que plantea la propuesta del Gobierno son varios para las asociaciones de autónomos. Pero hay uno que destaca sobre los demás. Se trata del derecho al cobro, que pasa por el tiempo que los autónomos hayan cotizado por el mismo. Hasta el 1 de enero de 2019 los trabajadores por cuenta propia podían, de forma voluntaria, añadir en su cotización un apartado dedicado al cese de actividad. Según explica Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA), una parte muy pequeña de estos trabajadores, en torno a un 10%, cotizaron por esta contingencia antes de esa fecha, en la que pasó a ser obligatorio hacerlo. Esa cotización, al igual que ocurre con el paro, establece una escala de meses cotizados y meses a los que se tiene derecho al cobro. Con el 90% de los autónomos adscritos a esta fórmula de cotización desde el 1 de enero de 2019, el tope máximo de cobro es de ocho meses, un periodo «que se agota» con la entrada del mes de junio.

Desde ATA no se entiende la postura del Gobierno. Los ceses de actividad se han producido, sostienen, por una situación sobrevenida y, en muchos casos, obligada: las restricciones en la actividad económica a las que obligaba la aplicación de medidas sanitarias a causa de la pandemia. Entre las medidas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno se encuentran los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que no guardan vinculación con el hecho de que los trabajadores que se benefician de ellos tengan o no derecho a cobrar el paro. Es decir, el tiempo de cotización no influye a la hora de cobrar la prestación. «Lo que pedimos es un modelo extraordinario por una causa de fuerza mayor. Hay un riesgo real de que miles de negocios desaparezcan», explica Patricia Oreña.

La misma opinión mantiene Ignacio García, secretario general de la Confederación Española de Autónomos en Asturias, CEAT. «Si consumes los meses puedes quedarte sin prestación. Y eso es algo que no pasa con los ERTE. Hay que poner una prestación acorde a las circunstancias», señaló.

El hecho de que el Gobierno no quiera mover el límite de cotización para cobrar la prestación no es el único punto con el que las asociaciones profesionales de autónomos no está de acuerdo. La pandemia aún no ha terminado y, aunque la vacunación está permitiendo una mejora de la economía, la posibilidad de volver a tener que tomar medidas restrictivas sigue encima de la mesa. El planteamiento del Gobierno pasa, señalan las asociaciones, por «endurecer» las condiciones de acceso a los autónomos que necesiten acogerse a la prestación. Así, quienes facturen «más de 4.275 euros en los dos trimestres anteriores» quedarían fuera de la prestación. Lo mismo sucede con aquellos que no puedan demostrar una «reducción del 75% de sus ingresos sobre el mismo periodo del ejercicio anterior». «Muchos están manteniendo el alta en la Seguridad Social por esta prestación. Si no, estarían cerrados», señala Patricia Oreña.

La intención del Gobierno es que la economía vuelva a coger ritmo a lo largo del verano. En la propuesta trasladada a las asociaciones de autónomos se incluyen una serie de exenciones que van encaminadas a lograr ese objetivo. Así, el Ejecutivo plantea que los autónomos que recuperen su actividad en el mes de junio tendrán una exención del 90% en el pago de sus cuotas fiscales. El porcentaje se reduce al 75% en julio, el 50% en agosto y el 25% en septiembre. Para poder beneficiarse de estas exenciones fiscales, los autónomos tendrán que mantener su actividad hasta el 30 de septiembre. Eso sí, para poder acogerse a este beneficio fiscal es obligatorio dejar de percibir cualquier tipo de ayuda por cese de actividad.

La presidenta de ATA no cree que estas exenciones vayan a ser la panacea de los autónomos. Patricia Oreña sostiene que, en la actualidad, no hay suficiente demanda para que los trabajadores por cuenta propia que mantienen sus negocios cerrados regresen a la actividad. Otro de los argumentos que pone encima de la mesa es que los autónomos han estado tirando durante los meses de la pandemia de recursos propios, unas reservas que están «agotadas». «Acudir ahora a la financiación externa es complicado. Hay que mostrar la facturación y no es fácil», explica.