Las electrointensivas piden elevar las ayudas al CO2 a 280 millones

La patronal de las empresas electrointensivas se muestra cauta a la hora de hablar del estatuto destinado, al menos teóricamente, a rebajar su tarifa eléctrica. No obstante, el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Fernando Soto, reconoció ayer «la preocupación que existe por el impacto de este proyecto», que no colma las expectativas del sector, ya que otorga una mayor intensidad de ayudas a las empresas menos consumidoras frente a las hiperelectrointensivas. Dentro de las alegaciones que presentará mañana la patronal, se dedica un apartado a las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2, para las que el Gobierno prevé destinar 172 millones de euros. Según los cálculos de Aege, estas ayudas pueden elevarse hasta los 280 millones.

El pasado mes de diciembre, las ministras de Industria y Transición Energética, Reyes Maroto y Teresa Ribera, comunicaron a empresas y sindicatos su intención de consultar a la Comisión Europea la posibilidad de incrementar la intensidad máxima autorizada para España en 2020, que marca Bruselas. La patronal electrointensiva considera que es esencial elevar estas ayudas para recortar la diferencia de la tarifa eléctrica de España con las de Francia y Alemania, que se sitúa entre 20 y 25 euros por MWh, según las ministras. El problema es que con la aplicación de las medidas incluidas en el estatuto no se lograría acortar esa brecha de manera sustancial.

De hecho, Aege estima que se quedaría en la horquilla de entre 16 y 20 euros, «un diferencial que genera numerosos problemas y resta mucha competitividad a las empresas». Ante este escenario, Soto explicó que las grandes consumidoras de energía se apoyarán precisamente en la normativa europea para demostrar que esta avala bonificaciones como las vigentes en ambos países europeos, notablemente más ventajosas que las españolas. «Incluiremos ejemplos prácticos que se dan en Francia y Alemania desde hace muchos años», apuntó en alusión a las alegaciones, cuyo plazo de presentación finaliza mañana.

Otro aspecto al que pone objeciones la organización es que no se distinga a las empresas hiperelectrointensivas, categoría a la que pertenecen Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa, entre otras. Soto también apuntó la escasez de las compensaciones por los costes destinados a financiar las renovables, así como la poca eficacia que tendrán los contratos bilaterales para la compraventa de energía renovable, los denominados PPAs. «Tendremos un fondo (de garantía), pero si no hay ofertas a precio competitivo, de nada sirve» y no parece factible que las eléctricas firmen ahora contratos a largo plazo con tarifas bajas.

En un momento delicado para el sector, las ministras Maroto y Ribera comparecerán hoy en sus respectivas comisiones en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de sus carteras. En concreto, la titular de Industria responderá a preguntas relacionadas con la competitividad del sector en Asturias a petición del grupo parlamentario mixto.