Empresarios y autónomos cargan contra Hacienda por impugnar la bonificación de las ayudas covid

El origen de este conflicto está en la decisión del Principado de renunciar a la tributación que pudiera derivarse de las ayudas covid, incorporando una bonificación en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Algo que que el Ministerio de Hacienda cuestiona, al considerar invadidas sus competencias. Hasta el punto de llevar esta cuestión ante el Tribunal Constitucional, que el jueves admitió a trámite el recurso y suspendió cautelarmente la deducción fiscal aprobada por el Gobierno autonómico.

A la espera de que este conflicto entre administraciones se dirima, empresarios y autónomos no no dudaron ayer en cargar contra Hacienda. «Es puro cinismo tanta precisión jurídica en una situación tan excepcional como esta, que ha servido al Gobierno de España para justificar casi todo durante la pandemia», espeta Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias. Y fue más allá: «Habrá que preguntarles a qué están, si a montar conflictos para ver qué Administración manda más o a mantener la economía y el empleo».

La Unión de Comerciantes cree que «el arrastre fiscal será pequeño», porque las ayudas covid «se conceden a negocios con cuentas de resultados negativas». El Principado ya lleva repartidos más de 53 millones de euros, entre 16.158 empresarios del turismo, la hostelería, el comercio, el ocio nocturno, la cultura y el deporte. Habrá que esperar hasta la campaña tributaria de 2022 para conocer el alcance de este conflicto. Para entonces, el Constitucional seguramente ya se habrá pronunciado.

Así que, «de momento, no hay afectados», aseguran desde la Consejería de Hacienda. El Principado considera su medida «de justicia», mientras el ministerio evitó ayer pronunciarse sobre la polémica. La Federación de Empresarios, Fade, considera que «esta frustración e incertidumbre son innecesarias y evitables». Y se pregunta «si no es posible articular sistemas que eviten conflictos de interpretación jurídica» como este, que «pone en peligro parte de las exiguas compensaciones recibidas» por el cierre o la limitación de algunas actividades económicas.

También la patronal de la hostelería y el turismo cree que Principado y ministerio tienen que buscar la forma de aclarar esta situación. «Las ayudas hay que llevarlas a su máxima expresión», defiende el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, contrario a que «luego se nos castigue en el IRPF». E insiste: «Las empresas estamos para que nos ayuden, no para que nos castiguen». Ayer, el Principado aprobaba una segunda convocatoria de subvenciones del fondo covid por importe de 2,5 millones de euros.