El Gobierno aprueba el estatuto de la gran industria sin responder a las expectativas de Asturias

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dará así luz verde al documento dos años después de haberlo prometido y sin que colme las aspiraciones de la gran industria asturiana, ya que todo indica que no se han incorporado las principales alegaciones realizadas por el Principado, los sindicatos y los grandes consumidores de energía. Entre esas reivindicaciones, la principal era contar con un trato diferenciado para las hiperelectrointensivas, de modo que plantas como las de Arcelor o Asturiana de Zinc, con altísimos consumos de luz y cuya competitividad depende de la factura eléctrica, no se vean penalizados con respecto a sus rivales alemanes o franceses, que tienen un coste muy inferior.

Sin embargo, por lo trasladado en los últimos meses desde el Ejecutivo, esa diferenciación no se dará. La justificación trasladada es que la Comisión Europea no permite esa distinción. Esta argumentación no convence a las compañías que ven como sus competidores más allá de los Pirineos sí disfrutan en sus países de menores peajes y de exenciones, lo que les lleva a contar con tarifas mucho más competitivas.

Mientras el precio de mercado tiende a converger, la semana pasada, el Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno, cuantificaba en alrededor de un 33%el porcentaje de la factura eléctrica que depende de los costes regulados en España, como es la financiación a las renovables, el déficit tarifario o los costes de compensación extrapeninsular, mientras que para las compañías germanas y galas ese porcentaje se mueve entre el 1,5% y el 2,5%. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) calcula que el precio a fin de año en España es de 45,25 euros/MWh, más del doble que el alemán (19,82 €/MWh), y que el francés (20,99 €/MWh).

Promesa por Alcoa

Fue la propia Reyes Maroto la que anunció el 7 de diciembre de 2018 que en seis meses las electrointensivas contarían con su propio régimen de facturación eléctrica. Lo hizo en el contexto de la crisis provocada por el anuncio de Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña, ahora en manos del Grupo Riesgo, unos propietarios de los que la Administración autonómica y estatal desconfían abiertamente, y con las cubas de electrólisis, que les daban su carácter electrointensivo, apagadas.

El estatuto, «un proyecto compartido», como aseguró ayer Reyes Maroto, entre su departamento y el Ministerio para la Transición Ecológica, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero. «Podremos tener ya ese marco necesario de certidumbre para el precio de la energía», subrayó la titular de industria, que defendió que el sector necesitaba ya «esas certezas, ya no solo para garantizar sus capacidades productivas, sino sus proyectos de inversión, que esperemos que con el Plan de Recuperación y Resiliencia se puedan convertir en realidades».

Sin embargo, la partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado para el estatuto dista mucho de satisfacer las necesidades de la gran industria. De hecho, ni siquiera llega a la cuantía que inyectaba la enterrada subasta de interrumpibilidad, el servicio por el que se remuneraba a las plantas por desconectarse del sistema en caso de necesidad. Este mecanismo, que llegó a retribuir con 525 millones a las electrointensivas, suponía casi el doble de lo que el Gobierno prevé ahora en ayudas, 310, de los que 110 depende de los fondos de la UE.

Además, el borrador del estatuto, que no se prevé que cambie, rebaja el consumo anual exigido para beneficiarse de él a 1GWh, lo que abre la puerta a que opten a estas ayudas muchas más empresas, sobre todo, de Cataluña. Hay menos dinero y más compañías para repartir.