El Gobierno promete a la industria asturiana ayudas y pide que mantenga el empleo

El Ministerio para la Transición Ecológica pone la mano en el fuego para defender las medidas previstas en materia energética, que permitirán a la gran industria asturiana, «en muy poco tiempo, ser mucho más competitiva, aprovechando el potencial de España para generar electricidad con las tecnologías actualmente más baratas: las renovables». Así lo asegura la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen en un artículo que hoy publica EL COMERCIO. Frente a las críticas manifestadas el pasado sábado por el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), BelarminoFeito –quien considera que el mecanismo alternativo a la interrumpibilidad perjudica a las empresas de la región–, Aagesen recalcA las ventajas del modelo energético del Gobierno.

A su juicio, «el esquema de apoyo de la industria electrointensiva ensanchará sus opciones». En concreto, articulará una respuesta «más sostenible y de largo alcance, eliminando inseguridad jurídica, reduciendo las incertidumbres y apartando las soluciones que la experiencia ha demostrado como cortoplacistas». La única contrapartida que exige el Gobierno al «esfuerzo» que está realizando para que la gran industria se adapte a la transición energética es «su compromiso con España a medio y largo plazo, garantizando el mantenimiento de la actividad y del empleo».

La secretaria de Estado de Energía hace hincapié en su artículo en EL COMERCIO en que el servicio de interrumpibilidad, que finalizó el 30 de junio, no podía mantenerse, a pesar de que el sector reclamaba su continuidad. Las autoridades comunitarias «habían dejado claro a España que no podía continuar con un sistema que no seguía las reglas del juego». De hecho, incide, la industria se exponía al riesgo de tener que devolver el dinero percibido por esta cuestión. El ministerio que dirige Teresa Ribera justificó siempre el fin de la interrumpibilidad ante las sospechas de la Comisión Europea de que las partidas otorgadas en la subasta –para que las empresas se desconectaran de la red en caso de necesidad para garantizar el suministro– pudieran tratarse de ayudas de Estado encubiertas.

Ante esta tesitura, el ministerio ha presentado un mecanismo alternativo:la reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, que fija una provisión de energía a subir que pueda ser activada de manera casi instantánea en casos de insuficiencia. La propuesta –el periodo para presentar alegaciones termina el 18 de septiembre–, se fundamenta en los principios que marca la normativa comunitaria. Es decir, apunta Aagesen, «han de ser proporcionales, no discriminatorios y tecnológicamente neutros, facilitando que puedan acudir al sistema todos los sujetos capaces de ofrecer el servicio sin límites a su tamaño y con la posibilidad de agregación».

El problema para las electrointensivas asturianas –entre las que destacan Arcelor y Asturiana de Zinc– es que se subastarán bloques de un mínimo de 1 MW de potencia, con lo que podrán acceder muchas más empresas que aquellas que participaban en la puja de interrumpibilidad. Con estos ejes, el Gobierno prevé que se fomentará la competencia, la innovación y la eficiencia en la provisión del servicio.

«Es un paso que tenía que hacer España y que tendrán que emprender todos los países de la UE que siguen sin jugar con las reglas del juego que nos hemos fijado todos en Bruselas», asegura Aagesen.

1- Sustituye la subasta de interrumpibilidad. El nuevo servicio consiste en la prestación por los proveedores de una reserva de potencia y energía a subir que pueda ser activada de manera casi instantánea en casos de insuficiencia.

2- Todas las tecnologías. La provisión del servicio estará abierta a todo tipo de instalaciones y de tecnologías que no participen en el mercado de electricidad.

3- Pequeñas empresas. La oferta mínima será de 1 megavatio, lo que dará entrada a competidores de tamaño reducido, a diferencia del anterior sistema de subasta de interrumpibilidad.

4- Retribución. Se dividirá en dos componentes: uno, de carácter fijo, estará ligado a la reserva estratégica a subir y al precio asignado en la subasta (en euros/MWh); otro, que será variable, se vinculará a la efectiva aplicación del servicio en respuesta a una activación emitida por el operador del sistema.

5- Alegaciones. Aún se trata de un proyecto de Orden.El plazo para presentar alegaciones finaliza el 18 de septiembre.