La industria asturiana pierde 5.000 empleos en tres años y fía su futuro a decisiones del Gobierno

Supone, en líneas generales, el empleo más cualificado de la región. También el que cuenta con mejores condiciones laborales y el que tira, en gran medida, de otros sectores, desde la construcción a los servicios. La industria, considerada motor de la economía asturiana, emplea a 55.300 personas en la comunidad, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), casi un 15% del total, pero su influencia va mucho más allá, puesto que de forma directa, indirecta o inducida arrastra a otras actividades económicas, desde servicios asociados a cualquier otro negocio que dependa del gasto que realicen sus trabajadores. Son, de hecho, los que cuentan con salarios más altos y mayor poder adquisitivo.

Según la Encuesta de Estructura Salarial hecha pública esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, la ganancia media por trabajador en el sector en Asturias es de 30.307 euros anuales, 6.392 más que el promedio regional (+26,73%) y 2.211 euros más que lo que paga la industria a nivel nacional (+7,8%). Y, pese a que el objetivo es hacer crecer este sector y su empleo, sus puestos en el Principado no hacen otra cosa que menguar.

Desde hace tres años, el sector ha perdido 5.000 empleados, un 8,3%, y los problemas que atraviesan ahora grandes empresas como Arcelor, Duro Felguera o Alu Ibérica pueden disparar esa sangría. De ahí que el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, en un encuentro digital de la Federación Socialista Asturiana (FSA) celebrado esta semana, defendiera el sector «como un activo que todos tenemos que conservar», pero que advirtiera también de que se puede «perder demasiado rápido». Resulta vital para la economía de la región, además de atraer nuevos negocios relacionados con la transición ecológica o la digitalización, conservar lo que ya existe. Y para ello vienen semanas claves, en las que las decisiones que tome el Gobierno central serán fundamentales.

Solo la actividad de Arcelor, sin contar su papel tractor, es responsable de alrededor del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, mientras que un informe de la Universidad de Oviedo revelaba recientemente que Duro Felguera, antes de sumirse en la crisis actual, contribuyó en 2015 al 1,93% del PIB asturiano. Esto supone generar un equivalente a 5.248 empleos a tiempo completo, el 1,44% del total. Solo en Gijón, la actividad de la histórica sociedad alcanzó ese año el 7,95% de su PIB. Se trata de empresas que por su tamaño, impacto y capacidad tecnológica empujan al resto del tejido económico. Una merma en su actividad o su desaparición supondría todo un cataclismo económico para la región y la ciudad.

El propio consejero reconoció durante el encuentro digital de la FSA que el peso de la industria en la economía en Asturias no tiene parangón en España, exceptuando el País Vasco y Cataluña, dada la riqueza que genera entre el empleo directo, indirecto e inducido.

De hecho, también subrayó las ventajas de contar con un sector industrial fuerte: eleva el valor añadido y genera riqueza; crea empleo de calidad, estable y bien remunerado; cuenta con gran capacidad exportadora; aumenta también la inversión en I+D, que apuntala una sociedad basada en el conocimiento; y, por último, es un sector resiliente a cambios económicos. «Son cinco elementos que lo hacen desable», subrayó, en oposición al modelo chino de bajos salarios. Pero también reconoció que atraviesa un momento complicado. «La industria nos ayudará en el futuro y a nuestra economía, pero exige que la ayudemos en el corto plazo», insistió, en presencia del secretario general de Industria, Raúl Blanco.

Esas ayudas están ahora en manos del Gobierno central. Sin embargo, empresas y sindicatos en Asturias temen que ese apoyo no llegue, con la debacle que supondría para una región en la que las compañías con más de mil trabajadores casi se cuentan con los dedos de una mano. De ahí la importancia que tiene la presión que pueda ejercer el Principado sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la posición que este adopte.

Uno de los principales frentes que tiene abierto la industria y que depende del Gobierno central es el del precio de la electricidad. Del estatuto para las electrointensivas están pendientes empresas como Arcelor y Asturiana de Zinc, además de las alumineras. La siderúrgica ya advirtió en julio de que condicionaba el empleo al apoyo que el Ejecutivo «esté dispuesto a ofrecer», en referencia al precio de la luz, el doble de caro en España que en países competidores como Francia y Alemania. Sin embargo, durante el encuentro digital, Blanco confirmó que el Ministerio de Industria no tiene intención de reconocer a las hiperelectrointensivas, a las que más afecta ese diferencial, lo que deja a estas compañías en una situación muy delicada, ya que no podrán reducir ese sobrecoste que penaliza duramente su competitividad.

Todo ello sucede cuando Arcelor, con 5.500 trabajadores en plantilla y otros 2.500 de auxiliares, plantea importantes recortes de personal en la división de largos y amenaza con su cierre, que arrastraría también a un horno alto y a la mitad de instalaciones de cabecera. Supondría, por tanto, prescindir del 50% de las plantas y dejar al otro 50% en una posición muy debilitada. Mientras, su presidente, Lakshmi Mittal, lleva años recibiendo promesas por parte de Sánchez de una rebaja de la luz.

Por otro lado, la supervivencia de Duro Felguera depende, con sus 162 años de historia y más de 1.100 empleos directos -casi 500 de ellos, universitarios-, de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acepte su petición de rescate. Tiene seis meses para contestar, un plazo que se antoja muy largo para una compañía en una situación crítica. Solo en caso afirmativo podrá continuar con el plan estratégico que le permita ganar estabilidad y abordar su diversificación hacia las renovables y la potenciación de su rama de criptografía, dos sectores en auge. Precisamente, Fernández se refirió a la transición ecológica y a la digitalización como los dos ámbitos en los que más ayuda hay que prestar a la industria para que pueda despegar.

En este sentido, el propio Raúl Blanco defendió «el papel activo» del Estado actual, frente «al Estado reprimido durante la crisis anterior». Y destacó la labor que tiene que tener lo público participando «en grandes proyectos tractores de colaboración público-privada».

Otro problema es el que atraviesa Alu Ibérica, tras su reventa por parte de Parter a Riesgo, quienes «no ofrecen ninguna garantía», según Fernández, que pidió revertir la cesión a este grupo. No obstante, defendió el papel de lo público en este proceso, cuya venta de Alcoa a Parter fue tutelada por el propio ministerio. «Aquí se ha actuado de mala fe y no ha sido la Administración», justificó Fernández, mientras que Blanco defendió que «la Administración general del Estado está analizando y actuando, no solo el ministerio». La suerte de los trabajadores avilesinos también está en su mano.