Las cámaras de comercio se ofrecen al Principado para desatascar las subvenciones a las renovables

El Gobierno del Principado anunció el martes que movilizará finalmente 45 millones en ayudas e incentivos al fomento del autoconsumo y el almacenamiento energético mediante el programa financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La cuantía inicial era de 14,5 millones, pero esa cantidad ha sido ampliada en tres ocasiones, la última por un importe de 10,85 millones y, aunque el plazo de presentación de solicitudes acabó el 31 de diciembre, la vigencia del programa se ha extendido hasta el 31 de julio. Sin embargo, los expedientes acumulan incluso años de retraso. Tras seis programas de incentivos, la Administración autonómica ha recibido 3.800 peticiones y gran parte no han podido aún ser atendidas, un hecho que los sindicatos atribuyen a la falta de personal administrativo encargado de gestionarlas.

En este contexto, las cámaras aseguran que su ofrecimiento para intentar desatascar los expedientes llega «de manera natural, al ser corporaciones de derecho público donde la colaboración público-privada está en nuestro quehacer diario» y como ya hicieron en otros momentos, como en plena pandemia, para las ayudas que se activaron con motivo de la covid, para agilizar la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o para los fondos Next Generation, «siempre para sumar y ayudar a empresas y Administración». Esta posibilidad no sería novedosa en España. Otras comunidades ya están aprovechando la labor de las cámaras para acelerar tramitaciones. Canarias, explican desde las tres entidades asturianas, es la región que más ha avanzado en este tipo de colaboración, hasta el punto de que es habitual que participen en este tipo de gestiones y en diversas líneas, incluso que no tienen que ver meramente con la economía. Más cerca, Cantabria también ha explorado esta posibilidad, así como Navarra en asuntos energéticos.

«No se puede estar reclamando que las empresas hagan sus deberes en la descarbonización y adaptación a las nuevas energías, por un lado, y por otro no se acompañen con la diligente aprobación de la tramitación de las ayudas aprobadas, generándose un desacoplamiento entre la inversión y por tanto el gasto que supone, y las ayudas comprometidas», censuran también las cámaras de Gijón, Oviedo y Avilés de forma conjunta, que denuncian que esta situación «produce inseguridad e incertidumbre, dos cuestiones incompatibles con la generación de actividad económica».

Desde el ámbito empresarial se llevan denunciando años los problemas que se derivan del exceso de burocracia en la Administración y, más allá de los esfuerzos que suponen, los retrasos que también implican. Las ayudas a las renovables son un ejemplo más que se suma a otro tipo de tramitaciones, como licencias de obra o autorizaciones ambientales, que también frenan inversiones.

«Las cámaras de comercio somos un instrumento que la Administración puede utilizar para casos como las ayudas para renovables y estamos a disposición para colaborar en lo que se nos demande», concluyen.