La industria asturiana se repartirá 31,2 millones por los costes de CO2

Después de varios meses a la espera de conocer las cantidades que percibirían, ayer se despejó incógnita. La industria electrointensiva asturiana se repartirá 31,2 millones de euros correspondientes a las compensaciones de los costes de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El Ministerio de Industria publicó ayer el reparto de los 172,73 millones en ayudas por este concepto, de los que las cinco industrias de la región -AZSA, Arcelor, Alu Ibérica, Fertiberia y Química del Nalón- que las solicitaron recibirán el 100% de las ayudas solicitadas. Una cantidad que satisface al Principado, sindicatos y patronal.

Asturiana de Zinc es la compañía que mayor importe recibe, con 14.054.160 euros, lo que supone un 45% del total de las subvenciones que vendrán a la industria asturiana y un 8% del montante estatal. AZSA, junto a ArcelorMittal (10,5 millones de euros), suman casi el 80% de la aportación a las factorías regionales. Las otras tres, por orden, son Alu Ibérica (antigua Alcoa) en Avilés con 6.322.744 euros (20,25%), Fertiberia (249.635 euros) y Química del Nalón (74.233 euros). Por otra parte, la fábrica que mantiene Alcoa en San Ciprián (Lugo) tras la venta de las planta de Avilés y La Coruña recibirá 2.398.097 euros, un 1,39% del total. La otra planta de su propiedad, Aluminio Español, se embolsará un importe superior a los 22,7 millones de euros, siendo -en suma- la que más fondos recibirá por parte del Estado.

El Principado, por tanto, suma cinco plantas del total de 192 -correspondientes a 150 empresas- que remitieron su solicitud al Ministerio de Industria. Tras los descartes, subsanaciones y evaluación, quedaron finalmente 183 solicitudes estimadas. Con las cantidades en la mano, el consejero de Industria, Enrique Fernández, subrayó que «lo que estamos haciendo desde los gobiernos regional y nacional es, en definitiva, un ejercicio de política industrial, tratando de garantizar la competencia de la industria asturiana a nivel mundial y, por tanto, su supervivencia».

El siguiente capítulo que ahora toca escribir cuándo se abonarán las cantidades. Y esto parece que será dentro de no mucho tiempo, atendiendo a lo comprometido por el presidente del Principado, Adrián Barbón, hace apenas dos semanas: «Antes de que finalice el año», sentenció entonces.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, quiso anotar para el Gobierno de España el tanto «porque se comprueba que cumple su palabra». Entre los empresarios y sindicatos, la noticia también fue motivo de celebración. «Es un primer paso positivo», afirmó Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). En la misma línea se manifestaron los secretarios generales de UGT-Fica, Jenaro Martínez, y el de la federación de Industria de CC OO, Damián Manzano. No obstante, para estos últimos habría que dar un paso más para que «esta medida tenga carácter ordinario, evitando que sea renovada año a año al albor del gobierno de turno y que sea ejecutada siempre hasta los topes máximos que permite la legislación de la Unión Europea».

Aunque el desglose de ayer fue recibido con optimismo por el presidente de Fade, Feito también avanzó por dónde deberían encaminarse los siguientes pasos: «Ahora se tiene que consolidar, contando con la dotación presupuestaria equivalente a un porcentaje de los ingresos de las subastas de CO2 -por ejemplo, del 25%- y mejorar para competir en igualdad de condiciones con el resto de la industria europea». Jenaro Martínez, por su parte, dio un paso más y aprovechó para recordar que otras dos medidas que siguen pendientes y «que son vitales» para la siderurgia: la aprobación del estatuto de las electrointensivas y la imposición del arancel medioambiental. Por su parte, desde el Gobierno central ya se justificó la ampliación de las cuantías para compensar los costes de CO2 -inicialmente se destinaron 91 millones de euros- «al haber sido imposible aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo por encontrarnos con un gobierno en funciones», según señaló la ministra de Industria, Reyes Maroto, el pasado viernes.

El Ejecutivo asturiano, a través de su presidente, no se cansa de repetir que el arancel «es una prioridad absoluta» de Moncloa. Con varios frentes abiertos y en un sector siderúrgico en crisis, Damián Manzano, de CC OO, incorpora una propuesta adicional que, en cierta medida, redunda en todas las anteriores: «Hay que potenciar la capacidad para realizar contratos bilaterales entre las compañías suministradoras y las grandes consumidoras para obtener precios razonables».

El objetivo inicial con el que se aprueban estas cuantías es compensar a la industria electrointensiva y reforzar la competitividad de empresas radicadas en España para que puedan ofrecer precios más competitivos en sus productos. En concreto, la partida de 172,23 millones -31,2 para la industria asturiana- responde a la convocatoria de 2019, que aborda los costes de emisiones indirectos de gases de efecto invernadero durante 2018.

Como sucede en este tipo de casos, la concesión de este tipo de subvenciones vienen con un haber y con un debe. Y el listado de compromisos adquiridos para los beneficiarios de las cuantías vienen recogidos en el Real Decreto Ley 20/2018 que se remonta al pasado 7 de diciembre, que se desarrolla bajo el epígrafe de «medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España».

En su artículo 5.1 se puede leer que «los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas». Asimismo, especifica otros supuestos que -aún respetando el mencionado trienio- serán entendidos como incumplimiento de esta obligación. Estos son la reducción en más de un 85% la capacidad de producción o un despido colectivo. Por contra, lo exime en los casos que se trate de una fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos si se mantiene la actividad.