Una oportunidad para mejorar nuestra competitividad industrial

El impulso de las energías renovables se ha conformado como un elemento clave de la reactivación económica frente a la COVID-19. Su potencial generador de empleo y actividad económica en el corto plazo se une a los efectos positivos que proyecta sobre la competitividad del conjunto de la economía y, muy especialmente, de la industria. Este cambio estructural ya ha comenzado y está dando frutos: desde finales de 2018 los precios de la energía en España vienen marcando mínimos históricos y, atendiendo a la señal que nos dan los precios a futuro, no más tarde de 2023, el precio de la electricidad en España cotizará por debajo de dos mercados de referencia, el francés y el alemán. Se han activado todas las palancas necesarias para alcanzar este objetivo en apenas dos años. Y, con ello, consolidar un sistema en el que tres cuartas partes de la electricidad producida sean de origen renovable en 2030.

El Gobierno está completando el marco normativo para apuntalar el despliegue renovable, el sector tiene apetito inversor y la industria española está preparada. Ya es capaz de generar gran parte de los componentes precisos para las nuevas instalaciones. Así lo confirman los datos que aporta el sector que indican que el 90% de los elementos que conforman un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país es capaz de producir el 65% de los materiales necesarios para construir y operar una instalación solar. Este impulso, ya planificado previamente, se activa en un momento decisivo, en el que España encara un proceso de recuperación del que tenemos que salir con una economía y una industria más robustas, resilientes y competitivas.

La gran industria española, fundamental en nuestra economía, será actor protagonista de este cambio, pero también un beneficiario claro de esta respuesta energética. No solo con energía más barata en el mercado, sino a través de los instrumentos que constituyen el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que el Gobierno ultima tras haber recibido las contribuciones del sector en la fase de consulta pública: acuerdos de compraventa de energía renovable a largo plazo, los PPAs, avalados por el Estado; compensación por costes indirectos de CO2; y compensación de los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste del suministro eléctrico de los territorios no peninsulares. Es un esquema acorde con la normativa comunitaria y que proporciona condiciones para garantizar una posición competitiva. Solo se exige una contrapartida a este esfuerzo: el compromiso de la industria con España a medio y largo plazo, garantizando el mantenimiento de la actividad y del empleo.

A ello hay que añadir otras medidas surgidas de nuestra política energética, como la adaptación de los procedimientos y reglas de operación de los servicios de ajuste y balance del sistema eléctrico a la Directriz de Balance de la UE, que permitirá su participación más activa en estos mercados, aportando valor a su capacidad de dotar de estabilidad al sistema eléctrico. Por otro, la nueva regulación del autoconsumo puede ser una alternativa atractiva para algunos emplazamientos industriales, las ayudas a la instalación de energías renovables y a la eficiencia energética para la industria permitirán reducir sus costes operativos, produciendo más con menos, y la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable, recientemente lanzada a audiencia e información públicas, supondrá una oportunidad industrial y la posibilidad de que la industria española se sitúe a la cabeza del proceso de descarbonización.

Se perfila, por tanto, un escenario que no solo mejorará la competitividad de la industria española, sino que también facilitará su descarbonización. De la respuesta energética saldrá la respuesta verde, que será apoyada por los fondos europeos dedicados a la recuperación frente al COVID-19, que han señalado a la transición ecológica como uno de los elementos clave. Mejora de procesos, más eficiencia energética, soluciones de economía circular… las opciones de innovación están sobre la mesa, listas para su activación.

Si algo nos está mostrando la pandemia es que Europa debe actuar unida, como un equipo. Y esto también significa contar con un campo de juego equilibrado y las mismas reglas de juego, tanto internas como de cara a terceros países. Es una cuestión que España viene exigiendo desde hace ya dos años, cuando el Gobierno expuso a la Comisión Europea la necesidad de establecer un mecanismo de ajuste en frontera para que la energía generada en países fuera de la Unión incorporara los costes ambientales, como ya ocurre en los Estados miembro. Con este mismo espíritu, el Gobierno ha presentado su propuesta de reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, un sistema que adapta el anterior servicio de interrumpibilidad a los requerimientos de la Comisión Europea en materia de ayudas de Estado. Era un paso necesario. Las autoridades comunitarias habían dejado claro a España que no podía continuar con un sistema que no seguía las reglas del juego. La industria se exponía al riesgo de tener que devolver el dinero percibido por esta cuestión.

La nueva propuesta, sobre la que el sector puede realizar contribuciones hasta el 18 de septiembre, se fundamenta en los principios que marca la normativa comunitaria de Mercado Interior: han de ser proporcionales, no discriminatorios y tecnológicamente neutros, facilitando que puedan acudir al sistema todos los sujetos capaces de ofrecer el servicio sin límites a su tamaño y con la posibilidad de agregación. De esta manera, se fomentará la competencia, la innovación y la eficiencia en la provisión del servicio. Es un paso que tenía que hacer España y que tendrán que emprender todos los países de la UE que siguen sin jugar con las reglas del juego que nos hemos fijado todos en Bruselas. La Comisión Europea ha sido y es clara en este sentido.

El esquema de apoyo de la industria electrointensiva está viviendo una transformación, ensanchando sus opciones. Articulará una respuesta más sostenible y de largo alcance, eliminando inseguridad jurídica, reduciendo las incertidumbres y apartando las soluciones que la experiencia ha demostrado como cortoplacistas. En muy poco tiempo, la gran industria española contará con un escenario que le permitirá ser mucho más competitiva, aprovechando el potencial de España para generar electricidad con las tecnologías actualmente más baratas: las renovables. Este impulso será fundamental en la recuperación de la economía española frente a la COVID-19, por su capacidad para generar empleo y actividad, y por su efecto tractor en el resto de los segmentos de la cadena de valor, muy particularmente en la gran industria. Será bueno para la industria, para el empleo y para el país.

Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía.