Las pensiones, el gasto por la guerra y la deuda se comen el presupuesto de 2023

La maquinaria para tener en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 comienza a moverse. Aunque sea a trompicones. El Gobierno tiene el reto de pasar de las 'cuentas de la recuperación' a una hoja de ruta en la que ingresos y gastos deben combinarse al milímetro para mantener el impulso económico sin levantar suspicacias de Bruselas.

La Comisión Europea ya ha pedido de forma expresa al Ejecutivo que tome medidas para reducir el próximo año el déficit estructural (aquel que no depende del ciclo, sino de las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos). Y eso solo pasa por una vía en un momento en el que subir impuestos queda descartado no solo por el parón económico, sino porque 2023 es año electoral.

La primera parada presupuestaria será la aprobación del techo de gasto. Fuentes del Ministerio de Hacienda confían en tenerlo listo antes de que finalice julio. «El Gobierno no se saltará la regla de gasto corriente, que marca que este no superará la previsión del PIBa medio plazo, que será prudente», anticipa José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda.

No obstante, los recursos de los fondos europeos y el extra de recaudación por la mejora del ciclo y la inflación, anticipan que los niveles se mantendrán elevados tras dos años de máximos por las políticas expansivas contra la pandemia.

Solo en la teoría, el margen de maniobra del Gobierno debería ser amplio. Habrá menos gasto por la retirada de las medidas 'anti-covid'. Y el empleo repunta con fuerza con cada vez más trabajadores en ERTE reincorporándose al mercado laboral. A cierre de mayo apenas quedaban 27.500.

Además, según datos de la IGAE, los ingresos tributarios se dispararon hasta abril hasta rozar los 86.000 millones de euros. Y el Ministerio de Hacienda calcula que un 20% se debe solo a la inflación. Un excedente que genera el escenario perfecto para tomar medidas de consolidación fiscal. Pero nada más lejos de la realidad. «Nunca es buen momento para ajustar.

Cuando las cosas van bien, porque se aprovecha para gastar más;y cuando van mal, porque no se puede ahogar al ciudadano», critica María Jesús Fernández, analista sénior de Funcas. Es decir. Todos esos recursos con los que el Gobierno contará para elaborar sus próximos Presupuestos no se destinarán a ajustar déficit. Eso vendrá, según confían desde el Ejecutivo, por el propio ciclo económico. Así que el extra irá más bien a consolidar gasto estructural.

La tendencia se mantendrá el próximo año, sobre todo por medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC.

El mantra de que «el poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado por ley» se repite una y otra vez frente a quienes cuestionan el golpe que supondrá para las arcas públicas esta medida en 2023, con una inflación media desbocada que ni las previsiones más optimistas ven por debajo del 6%.

Para este año, el gasto presupuestado para pensiones apuntaba a un incremento de 7.900 millones de euros, hasta un récord de 171.000 millones. La cifra supone más de un 70%del gasto social de los Presupuestos que, a su vez, se comen seis de cada 10 euros del total. Así que con una inflación mucho más elevada ahora, el coste para el próximo año será todavía mayor.

Según cálculos del Banco de España, el golpe extra que tendrá que asumir el Estado para hacer frente a la revalorización ligada al IPCserá de 12.600 millones de euros. Y ese dinero no podrá destinarse tampoco a otras partidas. Los expertos apuestan por suspender la medida, aunque solo sea en 2023, o barajar alternativas como aplicarla solo a las pensiones más bajas.

Las medidas que se consoliden para paliar los efectos de la crisis energética también se llevarán buena parte del margen de maniobra ante futuros shocks. «La sensación es que el Ejecutivo prefiere ajustar ese exceso de recaudación dando mayor intensidad a estas ayudas, en vez de devolverlo a las personas con otras como, por ejemplo, la deflactación del IRPF», explica José María Mollinedo.

Este punto, además, sí necesitará contar con el contrapeso de una mejor recaudación. Yes solo las medidas fiscales para abaratar la factura eléctrica –entre ellas, la rebaja del IVA eléctrico del 21%al 10%, ya han mermado los ingresos del Estado en 3.828 millones desde su puesta en marcha el pasado verano, según datos de la Agencia Tributaria.

Otra de las partidas en las que sin duda habrá que asumir un mayor gasto será el del pago de los intereses de la deuda. La Airef estima que el Estado tendrá que gastar 20.000 millones más en hasta 2025 con el impacto que tendrá la subida de tipos esperada por parte del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, las nuevas emisiones ya se están encareciendo, aunque el Ejecutivo confía en la prudente estrategia del Tesoro para salvar la situación.

Resumiendo. Todo apunta a que la buena racha de ingresos se destinará a consolidar gasto y no a ajustar de una forma más potente los desequilibrios.

Es cierto que el déficit y la deuda bajaron en 2021 hasta el 6,7%y el 118,7%, respectivamente. Y que la senda descendente se cumplirá dejando el agujero en el 5% este año. Pero aún son niveles elevados. Sobre todo porque, sin ajuste en las políticas de gasto, el déficit estructural se mantendrá en el entorno del 4%. «Es una barbaridad. Y si el Gobierno no toma medidas adicionales no bajará de ahí», insisten desde Funcas. No esperan movimientos en este sentido. Y es que incluir la palabra ajuste en año electoral, el último de la legislatura, no parece la opción más probable.

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