La política energética del Gobierno agudiza la incertidumbre de la industria

El precio de la energía es el caballo de batalla de la industria asturiana desde hace años, pero pocas veces ha tenido tantos frentes abiertos. La petición de un coste «predecible, estable y competitivo» parece casi una quimera, en un entorno en el que las compañías denuncian falta de certeza sobre sus condiciones a medio o largo plazo e incluso ausencia de seguridad jurídica para acometer sus inversiones, ya que las ayudas y remuneraciones que reciben pueden cambiar con la nueva política energética.

El estatuto del consumidor electrointensivo, la retribución a la cogeneración y los peajes del gas son tres de los frentes que tienen abiertos las empresas, para las que la factura energética supone buena parte de sus costes. El borrador del estatuto de las electrointensivas, en fase de información pública hasta el próximo jueves, no ha logrado contentar al sector, que lo considera, a todas luces, «insuficiente». Aunque empresas y administraciones aún están echando cuentas sobre el beneficio real de las medidas planteadas, el Gobierno se cura en salud al insistir en que «es el mejor estatuto posible», como apuntó esta semana el secretario general de Industria, Raúl Blanco.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se escuda en las restricciones normativas de la Unión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para justificar el rechazo a determinadas alegaciones ya avanzadas por los agentes sociales y el Principado. Como la distinción entre consumidores electrointensivos e hiperelectrointensivos -en esta última categoría encajaría buena parte de la gran industria asturiana-, una cuestión en la que Blanco ve «poco margen» de maniobra porque Bruselas no admite «ningún elemento que genere discriminación intrasectorial».

El Gobierno asturiano ya anunció que presentará alegaciones relativas a los tres grandes ejes sobre los que gira el estatuto: las cuantías previstas para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 -cifradas en 172 millones-, las compensaciones por los costes destinadas a financiar las renovables, la cogeneración eficiente y los extracostes de territorios no peninsulares -otros 91,8 millones- y el sistema de contratos bilaterales de compraventa de energía, que el Estado avalará con 814 millones. Una lluvia de dinero que la industria asturiana prevé, no obstante, que se traducirá en escasas bonificaciones si no se aceptan las alegaciones y que, además, deja fuera a compañías de gran envergadura, como las del sector lácteo, cuestión que también planteará el Principado a los ministerios para la Transición Ecológica e Industria.

El segundo obstáculo que afrontan las empresas relacionado con la política energética es el recorte previsto por el Gobierno a las bonificaciones de la cogeneración. La propuesta de actualización de las retribuciones a estas plantas que generan energía eléctrica y térmica en el mismo proceso supone una reducción del 36% respecto al año pasado. Una rebaja tan notable pone en peligro la viabilidad de buena parte de la treintena de plantas instaladas en Asturias. Así lo han puesto de manifiesto ya CAPSA, Ilas-Reny-Picot y Minersa.

A la caída de las remuneraciones -que implica una subida media del 20% en los costes energéticos, según cálculos de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen)- se añade el próximo fin de la vida útil de estas instalaciones. En el plazo de dos años, «este plazo se les acaba casi a la mitad de las instalaciones», apunta el director general de Acogen, el asturiano Javier Rodríguez Morales, que reclama al Gobierno un plan para adaptarse a la descarbonización hasta que se apruebe un nuevo marco regulatorio. Por el momento, espera que la propuesta cambie, sobre todo tras el informe desfavorable de Competencia.

Pero la industria asturiana no solo mira al precio del mercado eléctrico. También los peajes del gas influyen en su competitividad. La vuelta de tuerca dada por la CNMC al cálculo realizado por Transición Ecológica ratifica un recorte del 9,6% en la retribución a las comercializadoras para el periodo 2021-2026. Una bajada «discreta», según fuentes del sector industrial, pero que supone un avance y que, además, puede beneficiar a la gran industria porque «se rebajan muchos conceptos fundamentales en los peajes».

No obstante, compañías como Arcelor, Ence, Fertiberia, DuPont, Química del Nalón y Bayer se integran en alguna de las asociaciones sectoriales que reclaman el fin del sobrecoste en la retribución a las gasistas, que cifran en 586 millones anuales, mientras que la rebaja que ahora plantea la CNMC es de 137 millones.