Una treintena de empresas asturianas podrán beneficiarse de estas medidas de ahorro

En concreto, deberán asumir obligaciones en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que tendrán que mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas. La principal medida pasa por compensar a la industria hasta en un 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares. En febrero de este año, el Gobierno aseguró que esto permitiría un ahorro 90 millones para estas empresas. Los costes regulados de la factura suponen alrededor de 17.000. Otro aspecto que incluye el estatuto es que el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), avale los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a largo plazo para fomentar la contratación bilateral (PPA) del suministro.

A todo ello se sumarían las compensaciones por los costes indirectos del CO2, 172 millones el pasado año y que este bajaron a solo 61. Para el que viene se contemplan 109 en los presupuestos y 110 más del fondo de resiliencia. Ayudas que, no obstante, se quedan muy pequeñas para la industria asturiana por su singularidad, con una elevada concentración de empresas altamente electrointensivas.