Al menos 3.000 jóvenes asturianos podrían optar a las ayudas al alquiler del Gobierno

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzó ayer que el 'bono joven' que lanzará el Gobierno costará 200 millones de euros anuales a las arcas del Estado y beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes en todo el país.

El otro gran asunto que concierne a la nueva Ley de Vivienda es el de las penalizaciones fiscales a los grandes tenedores de vivienda. El Gobierno ya tiene un cálculo estimado sobre el número de viviendas que se verán afectadas. En concreto, el Ejecutivo estima que la medida impactará a unos 150.000 pisos, que son los que están en zonas tensionadas y en manos de grandes propietarios (aquellos con más de diez viviendas) constituidos como personas jurídicas. En Asturias, según señalan fuentes del Principado, hay «pocos» tenedores de más de diez viviendas. Este mercado, señalan las mismas fuentes, se caracteriza en la región porque prácticamente toda la oferta de vivienda en alquiler se realiza por pequeños propietarios que tienen una vivienda en arrendamiento fruto del ahorro de su vida laboral.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quiso ser ayer muy específica en este asunto, dejando claro que los posibles topes a los precios solo se aplicarán para grandes fondos tenedores de inmuebles como Blackstone o Lazora y a las propias entidades financieras. Es decir, aunque tengan más de diez viviendas, las personas físicas quedarán exentas de ese control de los alquileres. «Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios, porque en ningún caso se produce un intervencionismo radical con la Ley de Vivienda», remarcó Sánchez ante las críticas que ha generado la nueva normativa.

La ministra recordó que para los pequeños propietarios y personas físicas se apostará por la fórmula de los incentivos fiscales para contener la escalada de precios en las zonas tensionadas, que en todo caso serán determinadas finalmente por las comunidades autónomas bajo unos criterios generales que todavía debe definir el Gobierno. «Todavía tenemos que ajustar algunos términos en la norma, pero nosotros lo definimos como la zona en la que se han producido incrementos de precios en los últimos años de forma continuada», señalaba ayer Raquel Sánchez. La consejera de Derechos Sociales del Principado, Melania Álvarez, ya señaló que Asturias no se encuentra entre esas zonas.

En cuanto a esas bonificaciones, ya se sabe que alcanzarán hasta el 90% del IRPF si hay rebajas en los contratos de alquiler de los barrios en los que los precios han escalado sin control. Pero fuentes consultadas añaden que la regulación también va encaminada a una propuesta inicial del ala socialista del Gobierno, en la que se establecía una modulación desde la reducción general del 60% de la que actualmente se pueden beneficiar los propietarios por alquilar su vivienda, hasta dejar la cifra en el 50%. Ese porcentaje también sería modulable bajo distintos criterios. Por ejemplo, si el alquiler es para jóvenes de hasta 35 años, la bonificación tributaria podría alcanzar el 70%, igual que si las viviendas se ceden a alquiler social.