El juez ve indicios de delito en el cobro de 216.229 euros por Luis Alemany en la EMA

El exgerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Luis Alemany García, está más cerca de tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral. El juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de los de Gijón, Juan Laborda Cobo, considera que la actuación del citado en relación con unos cobros durante sus años de gestión al frente de la EMA pueden ser constitutivos «de un presunto delito contra el patrimonio». Así consta en un auto de diligencias previas al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que, a decir del magistrado, deja la puerta abierta a que el Ayuntamiento proceda, de forma definitiva, contra Luis Alemany y promueva la celebración de un juicio oral para aclarar el destino de 216.229,22 euros que, se considera desde el consistorio, fueron percibidos por el exgerente de la EMA de forma irregular.

La demanda del Ayuntamiento de Gijón contra Luis Alemany se remonta al mes de diciembre del pasado año, al entender que el exgerente, como queda citado, había percibido de forma indebida durante los años que estuvo al frente de la empresa los citados 216.229 euros, todo ello en diferentes conceptos. Básicamente, el argumento esgrimido por los actuales responsables municipales responde a que Luis Alemany tenía con la empresa un contrato de alta dirección, por el que percibía unos emolumentos pactados, pero que, a la vez, quedaba expresamente excluido de los beneficios del convenio colectivo del que gozan el resto de los trabajadores de la empresa EMA. A entender del Ayuntamiento, el exgerente, pese a ello, se acogió a tales beneficios y percibió durante años cantidades diversas a las que, se entiende, en absoluto era acreedor.

Más causas pendientes

Así, en la documentación presentada en el juzgado se menciona que cobró de forma indebida 24.968 euros de bolsas o becas de estudios para hijos menores de 26 años, 45.158 euros de dietas por desplazamiento, 50.350 euros de la bolsa de viaje, 13.154 euros de la paga por consecución de objetivos, 664 euros por complementos de formación y calidad y 80.664 euros de un seguro de vida.

Tras imputar a Luis Alemany por los hechos citados, el juez Juan Laborda citó a declarar a Luis Alemany a mediados del pasado mes de marzo y el exgerente se limitó entonces a señalar que los hechos que se le imputaban «no son ciertos» y se acogió a su derecho de no declarar para evitar contestar a todas las preguntas que le formularon tanto el magistrado como el abogado de la empresa municipal.

Luis Alemany comparecía, por aquel entonces, por segunda vez como imputado en el Palacio de Justicia de Gijón en menos de medio año. La primera fue en el mes de septiembre de 2013, cuando defendió la legalidad de su gestión al frente de la EMA por el caso de los presuntos contratos irregulares adjudicados a las empresas Suymcoplas y Aldesa, un caso en el que la Fiscalía apreció indicios en su contra por prevaricación, fraude y exacciones ilegales y por el que también fueron citados a declarar como imputados la ex concejala socialista Dulce Gallego y el empresario José Luis González Muñiz, representante de la firma Suymcoplas.

En este caso, la imputación se refiere al presunto cobro irregular de varios conceptos «causando a la EMA un perjuicio patrimonial de 216.229,22 euros», según consta en el auto del juez Laborda.

El magistrado cita en estas nuevas diligencias que «desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivo de un presunto delito contra el patrimonio», procede seguir los trámites del procedimiento abreviado y menciona el traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas «para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias».

Dado que la denuncia contra Luis Alemany partió el propio Ayuntamiento, es más que probable que las diligencias sigan adelante y que el exgerente tenga que sentarse en el banquillo para dar explicaciones de los presuntos cobros ilegales.