«Queremos que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos»

El Colegio de Abogados de Gijón estrena nuevo convenio con el Ayuntamiento para prestar asesoría jurídica gratuita a mayores de 75 años y discapacitados. Tras el éxito obtenido con el Servicio de Intermediación Hipotecaria, el decano de la institución, Sergio Herrero, destaca la importancia de que el Consistorio se decante, una vez más, por una institución pública para llevar a cabo esta pionera iniciativa.

El Ayuntamiento vuelve a contar con ustedes para poner en marcha este servicio de atención jurídica.

Sí, y me parece doblemente positivo. Por un lado, es un mensaje de confianza en las instituciones públicas, y por el otro siempre es positivo que se recurra a una entidad sin color político en la que se encuentren agrupados todos los abogados del municipio. Esta decisión es fruto de la experiencia y los buenísimos resultados conseguidos con el Servicio de Intermediación Hipotecaria. Me gusta la idea que se transmite de que las administraciones públicas pueden ser sumamente eficaces a la hora de prestar servicios, pues en ocasiones se da la sensación de que lo privado es más eficaz que lo público.

El servicio que se va a prestar tiene cierto carácter preventivo.

En gran medida, sí. La prestación de servicios de asesoramiento a ciudadanos en situación de desventaja debe articularse mediante convenios como estos, de tal manera que haya una parte importante de necesidades sociales de asesoramiento jurídico atendidas.

Se trata, además, de un proyecto pionero.

Sí. Al menos a mí no me consta que existan servicios tan específicos como estos para estos dos colectivos en otros lugares.

¿Esperan que tenga el mismo éxito que el Servicio de Intermediación Hipotecaria?

No lo sé, pues sería comparar dos cosas distintas. La intermediación hipotecaria es una necesidad de primer nivel, pues se trata de evitar que una familia se quede en la calle. Esto lo que hace es permitir que se asesore adecuadamente a dos colectivos que tienen unas características especiales y que muchas veces al carecer de ingresos económicos no pueden recurrir al consejo de un profesional. Nuestra intención es que puedan hacer valer plenamente el ejercicio de todos sus derechos como ciudadanos.

¿Suelen recibir en sus despachos casos como los que pretenden afrontar desde hoy?

No podría decirlo, pues quienes acuden a nosotros son quienes sí pueden permitirse asistencia jurídica. Este servicio es precisamente para quienes no pueden. Lo que está claro es que existe una necesidad social, por un lado debido al envejecimiento de la población, y por el otro porque cada vez hay más conciencia social de que la discapacidad no puede ni debe ser un motivo de discriminación o un impedimento para que las personas ejerzan sus derechos.

¿Qué tipo de letrados prestarán este servicio?

Son abogados que tienen sus propios despachos y que, además, hicieron cursos de formación específicos para estas materias y que, por tanto, están muy preparados.