La consejería actuará de forma urgente en el caso del conflicto en un aula del Santa Olaya

Insisten tanto su padre como su madre (están separados) en que la situación ha ido a peor este curso porque el niño ya no cuenta con un docente de Pedagogía Terapéutica (PT) intensivo como el curso pasado, hasta que la docencia presencial se interrumpió por la pandemia. Este año solo dispone de una hora diaria con un PT, aunque cuenta con un profesor de apoyo permanente en el aula durante toda la jornada lectiva, según la Consejería de Educación. «Es evidente que con una hora de PT no es suficiente», consideran los progenitores al tiempo que reclaman «un apoyo específico e intensivo» para el menor.

Dicen que llevan pidiéndolo desde inicio del curso, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. También las familias del resto de compañeros de clase reconocen que el año pasado, en buena medida por el trabajo realizado por la PT -«con la que congenió muy bien»-, no hubo «demasiados problemas reseñables».

La Consejería de Educación anunció ayer una intervención especial de su Servicio de Orientación, lo que se traduce en que el personal de orientación se reunirá con el centro, con el alumno y su familia y con todo aquel que considere necesario para tratar de encontrar una solución a este caso. Además, sostiene que el servicio de inspección educativa lleva haciendo un seguimiento exhaustivo desde que el menor pasó al Santa Olaya, hace tres años, procedente de otro colegio público de La Calzada. La semana pasada, el inspector de zona visitó el centro en dos ocasiones y, según la consejería, «volverá a hacerlo esta semana».

Los progenitores del niño, que está siendo atendido por especialistas de salud mental por su trastorno, afirman que «la culpa no es del menor» sino «del mal manejo» que las autoridades educativas han tenido con este caso. «Este curso no le han proporcionado las herramientas precisas para que tenga un desempeño regular académico. Ni se trabaja con él ni se buscan los recursos a los que tiene derecho». Y eso en el caso de un alumno con déficit de atención, con un nivel educativo inferior al de sus compañeros, como es el caso, «deriva en frustración y baja autoestima», anotan ambos, preocupados. «Es una injusticia lo que se está haciendo con él», sostiene la madre.

Por su parte, las familias de los dieciséis alumnos que ya el lunes no acudieron a clase por decisión de sus padres -que pretenden así forzar una actuación por parte de la Consejería de Educación- volvieron a optar ayer por esta medida de presión. En la clase hay en total 21 alumnos. Ahora, solo cinco.