La defensa asegura que el fiscal del caso de El Musel acusa «sin pruebas»

Los abogados de los principales responsables de la Autoridad Portuaria durante las obras de ampliación de El Musel consideraron ayer que el informe de acusación del fiscal en el que se piden penas de hasta tres años de cárcel para sus clientes es «un cúmulo de despropósitos» y criticaron que el Ministerio Público lo presente «dos años después de cuando le correspondía» y sin tener en cuenta «todo lo que ha ocurrido estos seis años, en los que se han ido cayendo todas las piezas». Las «diligencias indebidas» podrían sumarse en su estrategia de defensa a otras acciones como el planteamiento de un conflicto de competencias, al entender que al haber descartado la Fiscalía delitos como la malversación de fondos, no correspondería ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir sobre este asunto. En cualquier caso, mantienen su convicción en que sus representados resultarán absueltos y lamentan el perjuicio personal y de imagen que les está provocando un proceso tan largo.

«Llevan seis años basándose en indicios, sin que exista ni una prueba. Y lo más sorprendente es que ahora se cuestione hasta la necesidad de hacer la obra», señaló Agustín Azparren, abogado del expresidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, quien considera «significativo que la Abogacía del Estado no haya presentado acusación». También remarca este aspecto Viliulfo Díaz, representante del entonces director José Luis Díaz Rato. «Si no acusa, será que no hay perjuicio», apunta el abogado, que pide «más seriedad en el proceso» y llama la atención por ejemplo sobre el hecho de que «carguen en Rexach la indemnización correspondiente a la expropiación de Aboño, cuando ni siquiera la hizo la Autoridad Portuaria, sino la Delegación del Gobierno».

De forma muy diferente recibió la otra parte el anuncio de la apertura de juicio oral. La acusación particular, ejercida por José Prendes González y la Asociación de Vecinos del Alto Aboño -representados por Manuel Junquera del Busto-, manifestaba ayer «una inmensa alegría porque después de tantos años de lucha y denuncias nuestro trabajo se vea reconocido en ese escrito de acusación». También el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, hablaba ayer de «un día muy feliz, en el que se empieza a hacer justicia en un procedimiento que costó llevar hasta aquí. Los juzgados de Gijón archivaron el caso y cuando la gente de Podemos presentó denuncia ante la Audiencia Nacional la acusaron de ir en contra de los intereses de Asturias».

El también diputado regional consideró que el escrito del fiscal «dice que desde el primer momento políticos, empresarios y el Grupo Masaveu sabían cuál iba a ser el coste que tendría la obra y que pudo haber habido un cambalache entre la empresa y la Autoridad Portuaria». Criticó por otra parte «que desde el Gobierno del Principado no se haya mostrado ningún interés ni haya tomado ninguna acción para recuperar, como pretendemos, entre 80 y 250 millones de euros que son de todos los asturianos».

Recordó que los principales acusados fueron nombrados por el Gobierno regional, señalando que «si tú pones a alguien en un cargo público para hacer una gestión y lo que hace es defraudar dinero a las arcas públicas, deberías estar enfadado. Y si no lo estás, es porque lo sabías». Concluyó a este respecto que «Rexach y Rato van a asumir la responsabilidad penal y financiera de otras personas que estaban por encima y que hasta ahora les defendieron».

La formación morada, a través de su portavoz municipal Laura Tuero, también pidió ayer un pronunciamiento de la alcaldesa, Ana González, en calidad de representante del Ayuntamiento en la Autoridad Portuaria. Esta, por su parte, se limitó a indicar que «hay que dejar que la justicia haga su trabajo y ya veremos cuál es la sentencia. La jueza sabrá por qué ha abierto el proceso y el juicio determinará lo que tenga que determinar».

Varios representantes políticos locales y regionales se pronunciaron ayer sobre la apertura del juicio oral. Pablo González, diputado regional del PP, confió en que «el Gobierno regional colabore activamente en la rápida resolución del proceso judicial». Adrián Pumares, de Foro, se refirió a la gestión del Puerto entre 2004 y 2011 como «una página negra de la historia de Asturias». Y Rubén Pérez, concejal de Ciudadanos, consideró que el caso de El Musel «supone el paradigma de una forma de gobernar en esta región basada en el 'tira que libras' que caracterizó a los gobiernos socialistas».